La empresa de motocicletas Zanella salió a desmentir las denuncias de supuestas «irregularidades» en la venta judicial de la marca, que formuló su competidora La Emilia S.A., propietaria de Motomel, y aclaró que nunca recibió una propuesta de compra de su parte.
«Zanella posee la administración de sus bienes y el poder de acordar condiciones de venta. Asimismo aclaramos que la compañía nunca recibió una propuesta por parte de la Emilia S.A.», dijo la empresa a través de un comunicado.
La Emilia había denunciado el último fin de semana «irregularidades» en la venta de la Zanella al entender que la oferta que realizó ante un juzgado Civil de San Luis, duplica el monto propuesto por el oferente que fue finalmente aceptado.
Sin embargo, Zanella salió al cruce de esta versión: «La Emilia, de manera artera y en perjuicio de nuestra empresa, de nuestros trabajadores y del futuro de nuestras plantas, se ha presentado en el proceso judicial en el cual no es parte, ni puede participar y ha desplegado una ´inusual campaña mediática´ falseando información, arrogándose facultades de las que carece, generando un grave perjuicio a nuestra empresa».
Y continuó: «Las prácticas empresariales agresivas e infundadas desplegadas por La Emilia basadas en intereses meramente especulativos deben ser desterradas como método y la Justicia de San Luis deberá, en forma pronta y oportuna, reestablecer las condiciones de seguridad jurídica que nos permitan ejercer nuestros legítimos derechos».
Asimismo, denunció que «el uso de los medios a los fines de denostar y hacer caer un manto de sospecha injusto e innecesario sobre un trámite judicial público y transparente, ha provocado que dicha venta y el ingreso de los fondos que permiten seguir operando a la compañía y manteniendo el trabajo, se torne incierto».
Zanella había decidido a los efectos de hacer frente al pago de su deuda laboral y para continuar operando las plantas industriales de San Luis y Caseros, proceder a vender parte de sus activos.
«Para tal fin se inició un proceso de solicitud de autorización judicial, en el marco del concurso preventivo de acreedores en el que la compañía se encuentra y, tal como lo establece el artículo 16 de la Ley de LCQ, se cumplieron todos los requisitos legales y se acompañó la oferta de la única empresa que hizo una propuesta concreta en el marco de una transacción entre las partes», afirmó.