(Télam).- En un comunicado, el Ministerio de Justicia brasileño salió al cruce de un comunicado conjunto de Gils Carbó y el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, en el que acusan a los poderes ejecutivos de «obstruir» los procedimientos de cooperación sobre el caso Odebrecht firmados entre los ministerios públicos el 22 de junio en base a la Convención de la ONU contra la corrupción.
«Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un ‘Estado Parte’ en el ámbito del derecho internacional. Ausente este ‘acuerdo o tratado bilateral’ entre Estados Parte, el acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño», afirma el comunicado del gobierno de Michel Temer.
Agrega que pese «al aprecio y reconocida dedicación de las fiscalías de Argentina y de Brasil, el acto entre ellos firmado no vincula al Estado brasileño».
Según el Ministerio de Justicia de Brasil, «se aguarda una respuesta a una consulta formal hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina».
Es que cualquier mecanismo de cooperación bilateral debe contar con el paso formal de la Cancillería -en el caso argentino- y del Ministerio de Justicia -en el caso brasileño-.
El gobierno de Brasil puso como condición un acuerdo para entregar informaciones bajo secreto de las delaciones de Odebrecht, pero el principal conflicto en el avance de la causa es que los brasileños deben respetar el acuerdo hecho por los ejecutivos de la empresa, de obtener beneficios penales a cambio de la información brindada.
Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht dijo que pagó sobornos en Argentina por 35 millones de dólares, aunque el detalle de esta información y sus involucrados no fue otorgado en forma oficial y pública por ninguna autoridad.
Gils Carbó y Janot firmaron un comunicado conjunto ayer pidiendo a sus respectivos gobiernos «resolver de manera urgente los obstáculos impuestos» frente al acuerdo de cooperación entre las fiscalías.
