Después de que el Gobierno confirmara al consorcio de bancos que trabajarán en el tema de la deuda, comienzan las reales negociaciones entre el equipo económico y los principales acreedores de la Argentina. Algunos, incluso, están llegando esta semana a Buenos Aires para los primeros contactos. «Son fondos más bien chicos o medianos. Los grandes, en realidad, esperan que los funcionarios vayan a Nueva York», dice una fuente al tanto de las negociaciones.
Fatigados y molestos por la falta de comunicación que hubo durante todo este proceso con Martín Guzmán y sus funcionarios de Finanzas, los acreedores más grandes de la deuda saben que tendrán una negociación muy dura. No sólo porque el ministro de Economía ya avisó que habrá «frustración» para los bonistas por la oferta -con lo que dejó entrever que impulsará algo agresivo-, sino porque éstos últimos plantearán sus demandas.
Los fondos más grandes como BlackRock, PIMCO, Templeton o Fidelity, que forman un bloque unido en el universo de los acreedores, pedirán que no haya quita en el capital. Ellos están dispuestos a ceder en términos de la tasa de interés (ven factible disminuirla, pero tampoco a la mitad) o el alargamiento de los plazos, pero -a priori- se plantarán con el tema del capital de los bonos.
O sea, están dispuestos en aceptar quitas en «valor presente neto» pero no en el nominal de sus tenencias. La estrategia, además, tiene sentido ya que los fondos son en realidad gestores del patrimonio de otros inversores (los reales acreedores), como compañías de seguros, retiro, de pensión y demás. Es más «digerible» para estos ahorristas de esta manera.
La razón fundamental que esgrimen los acreedores para pedir que el capital no se toque es que, a diferencia de lo que dicen el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno, la Argentina no tiene un problema de solvencia de su deuda, sino de liquidez. También critican la forma «antojadiza» en la que ambos calculan la relación deuda contra el PBI, argumento utilizado para apoyar una fuerte quita a los inversores privados.
Tanto Economía como el FMI dicen que ese número está arriba del 90%. Guzmán lo venía afirmando y consiguió el aval del Fondo, que puso el mismo cálculo en su último y polémico informe sobre el país después de haber estado de visita por Buenos Aires. Pero los fondos de inversión, en privado y en reuniones reservadas, hablan de un número sustancialmente menor, en torno al 46% «bien medido».
Esto es porque se quita del cálculo los pasivos con el FMI que «se negocian por otro lado» y la deuda intrasector público; o sea, lo que está en manos de organismos del Estado como Anses, Pami o el Banco Central. «Bien medida y neteada por todo eso, el peso de la deuda sobre la economía es bajo. Entonces, no se justifica que nosotros tengamos que aceptar quitas en el capital. Si pusimos 100 dólares, queremos cobrar 100 dólares», deslizan los acreedores.
Entre los tenedores de la deuda aún hay desconcierto en torno a si los mensajes que envió Economía son parte de una estrategia para negociar o si, por el contrario, Guzmán finalmente presentará una oferta agresiva sin que le tiemble el pulso a pesar de un incierto desenlace. Más allá de eso, la sensación que tienen es que el Gobierno carga las tintas sobre los bonistas para que ellos sean los únicos que pierdan en esta novela.
Los fondos de inversión más grandes, que son los tenedores de la deuda más relevantes, creen que el sendero fiscal puede ser algo que ingrese en las negociaciones que empezarán a sucederse en las próximas semanas.
Dicen que dentro del «mix» que podría llegar a presentar Guzmán habría un mayor esfuerzo fiscal para lograr un nivel de adhesión alto en la reestructuración. «Lo que mostró en el Congreso no es un plan consistente en lo fiscal. Parece que los costos de los desequilibrios quieren que los pague el bonista, y eso no lo vamos a aceptar», repiten en Nueva York.