Hoy el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano promovió imputación contra 9 personas en el marco de la causa en que se investiga el funcionamiento de financieras ilegales que operaban en Villa Belgrano. El caso salió a la luz a principios de febrero cuando esa fiscalía, en conjunto con el juzgado federal de Alejandro Sánchez Freytes concretaron 13 allanamientos en los que secuestraron montos cercanos a los $150 millones (entre dólares y pesos), vehículos, armas, más de 450 cheques y casi un centenar de pagarés.
Las pesquisas se iniciaron en septiembre de 2018 con la denuncia de un gendarme retirado que fue a cobrar un cheque denunciado por robo y salió con fuertes sospechas por la operación y el movimiento de dinero que vio en el complejo Vistalba, donde funcionaban las financieras.
Los imputados. Vidal Lascano promovió acción penal contra:
Martín Azar, Diego Sebastián Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Pablo Guillermo Rueda, Joaquín Héctor Eleazar Becerra, Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni y Jorge Mario Novaro.
Según se describe en el texto del requerimiento del fiscal, Azar y Sánchez eran los responsables de la financiera con actividad más importante, Miguel Azar y Marí Isabel Valoni, padres de Martín Azar habrían facilitado la operación de la financiera con cuentas y sociedad a su nombre en el exterior. En tanto, Rueda y Becerra serían socios responsables de la financiera más pequeña que también operaba en el complejo Vistalba, sobre calle Laplace.
El texto del Ministerio Público describe que “en esta financiera que funcionaba sin autorización del Banco Central de la República Argentina, los encartados habrían desarrollado ilegalmente actividades relativas a la intermediación financiera no autorizada, mediante la captación de dinero en efectivo, préstamos onerosos a terceros con ese dinero, descuentos de cheques, compraventa de moneda extranjera (dólares estadounidenses, euros, reales, entre otros) y transferencia de dinero presumiblemente ilegal hacia y desde el extranjero utilizando para ello una maniobra de compensación o conciliación de cuentas propias o de terceros, vulgarmente conocidas como “cable”, facilitando así con esta operatoria el movimiento de fondos presumiblemente de origen ilícito o al menos sin justificar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de terceras personas, dándole apariencia de legalidad a los mismos en el extranjero”.