El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) emitió un comunicado a través del cual considera positivo que “como parte del paquete de medidas anunciadas por el Gobierno nacional, se persiga el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública”.
En el escrito que dieron a conocer a la prensa en la tarde de ayer, el G6 sostiene que “la deuda pública es resultado de la acumulación de déficits por décadas, lo que representa el principal desequilibrio estructural de la economía argentina. En ese contexto, y para no incurrir en mayor presión inflacionaria, se debe evitar recurrir a la emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar al Tesoro Nacional”.
“Resulta preocupante que el equilibrio fiscal se logre mediante el incremento de la presión impositiva, al comercio exterior y al trabajo, incluida la imposición de doble indemnización, lo que podría profundizar otros problemas estructurales de nuestro país. Argentina tiene una muy elevada presión impositiva que se destina a financiar un gasto público ineficiente y excesivo para su nivel de desarrollo”, continúa el comunicado de la entidad empresaria.
“Si bien pueden entenderse estas medidas como de emergencia debe comprenderse también que ellas deterioran aún más la baja competitividad de la economía argentina y que no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Muchas de estas medidas se han probado en otras oportunidades y demostrado que no son efectivas para lograr los objetivos buscados”, señala en uno de sus párrafos más relevantes.
Y continúa: “Por ello, una política de equilibrio fiscal que apunte a aumentar la competitividad de la economía argentina debe basarse en esfuerzos genuinos para la reducción de gasto público innecesario y no en el aumento de la presión impositiva y del tamaño del Estado”.
Finalmente, se consideran poco auspiciosos algunos aspectos del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “por los cuales se pretende conferir atribuciones excesivas al Poder Ejecutivo, en especial la discrecionalidad en modificar tributos, alícuotas y sujetos alcanzados, lo que atenta contra la institucionalidad”.
La entidad también se refirió a la la presión impositiva provincial. En ese sentido, consideran que resulta preocupante “que se suspenda la vigencia del Consenso Fiscal suscrito entre Nación y provincias. En primer lugar, porque multiplica la presión tributaria, en especial por el impuesto a los Ingresos Brutos que pesa sobre el sector privado, y porque demuestra además que a nivel provincial tampoco se avanzó de manera significativa en la reducción del gasto público”.