La hija de la ex presidenta y actual senadora electa por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, Florencia, no respondió las preguntas que tenía para hacerle el juez federal Julián Ercolini en la indagatoria para la que fue citada hoy por la causa Hotesur. En vez de ello, tal y como hizo su madre y su hermano, el diputado nacional Máximo Kirchner, entregó un escrito.
En total no estuvo más de 25 minutos en el edifico de Comodoro Py en donde casi se pospone, por un corte de luz, su indagatoria. Es que media hora antes de que comenzará, a las 8:30, Edenor tuvo una falla que ocasionó que todo el edificio estuviera sin luz. Sin embargo, cuando se iba a tomar la decisión de posponer la declaración, la corriente volvió. En total no fueron más de diez minutos sin corriente.
En el escrito presentado a la Justicia, la hija de la ex presidenta denunció, también con hicieron su madre y su hermano, la existencia de una «persecución política, mediática y judicial» desde que asumió la presidencia Mauricio Macri. «En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal», prosigue el documento presentado hoy ante el juez Ercolini
“Se ha embargado mi salario, fui privada de la administración de todo mi patrimonio, se han iniciado juicios ejecutivos en mi contra por la falta de pago de impuestos que, increíblemente, el propio Poder Judicial me impide cancelar, fui procesada como organizadora de una supuesta asociación ilícita que se habría constituido cuando solo tenía doce años de edad e incluso he recibido intimaciones judiciales que contienen el apercibimiento de ordenar el desalojo del inmueble donde vivo con mi hija Helena», continúa.
La denominada causa Hotesur es un desprendimiento de otro expediente judicial por supuesto direccionamiento de la obra pública, en el marco del cual Ercolini ya procesó por presunta asociación ilícita a la ex presidenta y a Lázaro Báez, director de Austral Construcciones SA, entre otras firmas.
En mayo pasado, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques dictaminaron que mientras Báez, detenido desde abril de 2016, recibía negocios de la obra pública vial en Santa Cruz por más de 46.000 millones de pesos, garantizaba a los ex presidentes Cristina y Néstor Kirchner y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus hoteles. Y que esos ingresos les permitían «aumentar notablemente su patrimonio».