Desde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) emitieron un comunicado cuestionando el accionar de las agrupaciones vecinales que buscan frenar el desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro de la ciudad de Córdoba.
«La CEDUC pone en alerta a la comunidad por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos. Concretamente rechazamos la utilización irresponsable y arbitraria de recursos como “amparo ambiental” para frenar proyectos que cumplen toda la normativa solicitada por el municipio», inició el comunicado.
Y agregan: «dar lugar a estas medidas injustificadas atentan contra el derecho al trabajo, la vivienda y la propiedad en detrimento del progreso de toda la sociedad».
Para los desarrollistas, «esta situación desalienta la inversión privada en Córdoba poniendo en riesgo más de 20.000 puestos de trabajo directos que incluyen a operarios, técnicos y profesionales de todas las especialidades. La construcción es reconocida como la madre de las industrias porque moviliza una cadena enorme de sectores que impactan en la economía real. Además, menos inversión significa menos viviendas para miles de familias cordobesas que son expulsadas a zonas sin infraestructura ni servicios generando un mayor impacto negativo en la huella de carbono y el cuidado del ambiente».
«Córdoba necesita densificarse, seguir generado nuevas propuestas urbanas que la modernicen para ser más eficiente y sustentable. Tenemos la oportunidad de reconvertir zonas postergadas durante años y construir una ciudad más atractiva para el mundo. El desarrollista urbano acompaña la planificación pensando en el futuro, propone beneficios reales para la comunidad. Desde el inicio de cada emprendiendo se invierte en el territorio brindando los servicios fundamentales que hacen a la calidad de vida de sus habitantes; asegurando la accesibilidad, energía, cloacas, agua, gas, asfalto, espacios verdes, comercios, etc», explicó la CEDUC.
Finalmente plantearon: «consideramos que este tipo de estrategias realizadas por un conjunto de vecinos pone en juego la previsibilidad jurídica, atenta contra las instituciones y las normativas vigentes, y perjudica el derecho de la propiedad privada, el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho al trabajo.
