Tras la confirmación del procesamiento del ex titular del Pami, Luciano Di Césare, la defensa del ex funcionario busca acelerar los pasos para ir a juicio oral y demostrar allí su «inocencia» y la condición «injusta y política» de los fallos en su contra.
Según consignaron fuentes judiciales, la resolución fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia -integrante del TOF 4- , y sin la firma del juez Jorge Ballestero por encontrarse en uso de licencia.
De esta forma, quedó confirmado el fallo que el 9 de junio del año pasado había dictado el juez federal Ariel Lijo, quien entendió que el ex titular del Pami había defraudado al Estado Nacional con la suma de 1.300.826,77 pesos al liquidarse las vacaciones del año 2004 al 2012, de las cuales «no tenía derecho a su percepción».
“Di Cesare, en su calidad de director ejecutivo, solicitó el pago por las vacaciones no usufructuadas. Él fue quien con el fin de dar con su objetivo, y procurando un lucro indebido, designó intencionalmente a la Gerente de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet, para que extendiera un dictamen que avalara su solicitud”, había señalado el juez en su fallo.
En tanto, en declaraciones formuladas a Télam, el abogado Miguel Ángel Arce anticipó que no apelarán la medida y que la intención de la defensa del ex funcionario es «acelerar los tiempos para ir a juicio oral y público», y allí demostrar «la inocencia» de Di Césare.
«Se trata de una resolución injusta y que responde a una decisión política que libera a esa Sala (de la Cámara Federal) del estigma de proteger a los K», aseveró Arce.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex funcionario por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado como así también el embargo que le había sido fijado en 1,3 millones de pesos, el mismo monto que se liquidó en su favor en concepto de vacaciones no gozadas.
En su fallo, el juez Ariel Lijo había entendido que Di Césare aprovechó el cargo que detentaba como máxima autoridad de la obra social de los jubilados y pensionados para cobrar ese dinero a través de una transferencia generada desde la cuenta oficial a la suya personal, como resultado del proceso en el que solicitó el 9 de diciembre de 2015 la liquidación de las vacaciones no gozadas, que se le pagaron al día siguiente, al momento de dejar su cargo.
Así se hizo merced a un expediente administrativo que -según pudo determinar la pesquisa- «fue intencionalmente creado para que se le liquidaran las correspondientes al período 2004/2012, sin tener derecho a su cobro y por encontrarse vencidas, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo».
«Para ello designó intencionalmente a la entonces titular de la Gerencia de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet, que no solía intervenir en las liquidaciones, para que cumpliera con su pedido en el término de 24 horas. También probó la participación del Subgerente de Administración Personal de la Gerencia de Recursos Humanos, Carlos Galdo, quien finalmente emitió un dictamen con el fin de autorizar el requerimiento», indicó el fallo.
La resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que confirmó el procesamiento de Di Césare fue adoptada el martes último e incluyó la firma de Freiler, un día después de que la Comisión del Consejo de la Magistratura aprobara un dictamen acusatorio en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones, cuyo tratamiento en el plenario fue postergado hoy a raíz del ingreso de nuevas denuncias, según argumentó el diputado oficialista y consejero Pablo Tonelli.
