Entidades empresarias de Córdoba, Mendoza, San Juan y Entre Ríos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amicus curiae, en reclamo a la reforma laboral incluida en el capítulo IV Trabajo del DNU 70/2023.
«Por el rol que desempeñan las empresas en la vida económica, productiva y comercial de nuestro país, las entidades empresarias se presentan para enriquecer la deliberación con argumentos de carácter jurídico, científico y técnico a favor de la modernización en las relaciones laborales incluida en el DNU 70/23», dijeron a través de un comunicado firmados por diferentes entidades empresarias como Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Federación Comercial de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, Bolsa de Cereales de Córdoba, Fundación Instituto de Investigación de la CEEA Regional Córdoba, Consejo Empresario Mendocino y la Cámara de Comercio Exterior de San Juan.
También se presentan para «enriquecer con una visión federal las discusiones sobre esta reforma tan necesaria. Resulta esencial escuchar a las provincias y especialmente a aquellas que sostienen gran parte del empleo privado de Argentina».
La figura de amicus curiae, -amigo del Tribunal-, constituye una herramienta procesal que “no sólo debe entenderse como una colaboración al juez sino como un medio orientado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en aquellos asuntos que, debido a su trascendencia, interesan a la sociedad y no sólo a las partes involucradas en el juicio”.
«Las reformas propuestas en material laboral no sólo potenciarán la creación de nuevas empresas, emprendimientos y fuentes de trabajo si no que también aportarán claros beneficios para los trabajadores que, por los obstáculos y abusos de la normativa actual, hoy quedan expuestos a la informalidad y la precarización», aseguran la entidades.
Para los empresarios, «la modernización en la relación entre empresas y trabajadores y la limitación de los abusos amparados en las normativas laborales vigentes son reformas clave para reactivar la actividad económica y el empleo en nuestro país»