La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se presentaron, este martes, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para respaldar la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
Las tres entidades lo hicieron en calidad de amicus curiae en las causas presentadas por la CGT y la CTA que suspendió la aplicación del ‘Título IV: Trabajo’ del DNU 70/2023, también conocido como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
En su presentación, expresaron «la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)».
En línea, y mediante un comunicado oficial, remarcaron que los mismos «dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar».
Durante la exposición de las confederaciones en la Justicia, hicieron énfasis que las multas mencionadas, que buscaba derogar la disposición de la administración de La Libertad Avanza, «fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente».
«La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y CONINAGRO es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN», concluyó el escrito.