¿Cualquier argentino puede saber cuánto costó una obra pública realizada por el Gobierno de la provincia en la que vive? La respuesta es no, en el 67% de los casos -la cifra surge al promediar la cantidad de obras viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%) con costos finales conocidos (33%). Y los que sí pueden saberlo, no hallarán la información completa sobre dicha ejecución.
Esa es la principal conclusión de una nueva investigación realizada por Ruido, que buscó relevar datos públicos sobre tres obras significativas en cada una de las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires.
Para ello, se presentaron pedidos de acceso a la información en dependencias gubernamentales y tribunales de cuentas de cada distrito argentino.
Las obras fueron seleccionadas en cada provincia por los integrantes de Ruido, con los mismos criterios: una obra vial, una obra sanitaria y una obra que haya causado polémica pública (con denuncias, mediáticas o judiciales) terminadas o en ejecución durante 2020 y 2021.
Se solicitó información sobre fechas, licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones.
En la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: el 83% de las provincias NO respondieron los pedidos de acceso a la información, y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados.
Con relación a las inspecciones de obra, por ejemplo, no se pudo relevar casi ningún dato en algún distrito.
Además, si bien en casi el 70% de los casos no pudimos relevar el costo de las obras (en el caso de las obras consideradas polémicas, es el 80%), muchas de las cifras que sí están en el relevamiento no fueron aportadas por los estados provinciales, sino que fueron sistematizadas por Ruido a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios difundidas en distintos medios locales.
Si bien el objetivo inicial de Ruido era -por ejemplo- comparar entre las provincias el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido, el relevamiento demostró esa imposibilidad ante la falta de información pública que, en muchas ocasiones, se debió a un esfuerzo sostenido de las administraciones oficiales por mantenerla oculta.
Esta situación muestra en la práctica la principal conclusión de un informe elaborado por las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas de la Nación durante el primer año de su gestión (2020), que pasó casi inadvertido.
La dispersión y la falta de datos y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias.
Incluso, eso imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado (controlando el efecto de la inflación).
De esa manera, nadie termina por saber si una obra se pagó a un costo razonable o si, por el contrario, fue exorbitante y resulta sospechoso. Precisamente, que este rubro fundamental de la gestión pública sea imposible de controlar da margen para alentar la idea de que la corrupción es inevitable en este ámbito.
Córdoba, más accesible. El Gobierno provincial entregó gran parte de la información. Tiene Portal de Transparencia, pero no es fácil de utilizar. La sociedad anónima que motoriza la obra pública y el escaso control del Tribunal de Cuentas.