Por Laura Caullo y Azul Chincarini – Investigadoras en IERAL de Fundación Mediterránea
Las instituciones privadas de atención sanitaria se encuentran en una constante lucha por subsistir. Las mejoras o incluso el mantenimiento de su capacidad tecnológica y recursos humanos no tienen espacio.
La emergencia sanitaria no fue producto de la irrupción del virus COVID-19 en la Argentina, sino que está vigente desde 2001, es decir, desde ya hace 20 años. En tal sentido, el principal obstáculo que enfrentan las clínicas y sanatorios es la imposibilidad de trasladar el valor de sus erogaciones a los precios de los servicios que le generan ingresos: las prestadoras de gestión privada se encargan de atender a los pacientes, pero quienes financian estos servicios son las obras sociales, prepagas y mutuales.
Los atrasos y descalces en el cobro de la atención médica por parte de los prestadores, los condujo a una situación de continua emergencia. En este contexto, la pandemia por coronavirus ha desestabilizado y corrompido los cimientos que sostenían la débil estructura del sistema de salud privado.
Desde el IERAL de Fundación Mediterránea se elabora un Índice de Costos e Ingresos para dimensionar la situación de los prestadores de salud privada de Córdoba. En el marco de este proyecto, la pandemia ha impactado principalmente en los costos de los materiales e insumos y en las erogaciones laborales. En cuanto al primer componente, los efectos de la pandemia impactaron en el aumento de los precios de los insumos descartables de protección personal (barbijos, batas, cofias, alcohol en gel, entre otros) debido al aumento de la demanda de los mismos a comienzos del 2020. Además, a medida que fueron aumentando los casos por coronavirus y el número de pacientes hospitalizados, los medicamentos también sufrieron importantes incrementos. Esto condujo a que los materiales e insumos duplicaran su valor durante el año pasado.
Por su parte, el curso de las erogaciones laborales fue atenuado gracias a la implementación del ATP que permitía el cobro de un salario complementario para los trabajadores en la salud y la reducción de hasta un 95% de los aportes patronales durante el 2020. Sin embargo, este programa fue reemplazado por el REPRO II que le otorga a cada trabajador $ 18.000. Considerando el sueldo básico de un enfermero a marzo 2021, el ATP le hubiera permitido a las clínicas y sanatorios el pago del 50% del salario básico de este trabajador.
Sin embargo, con el REPRO II las empresas enfrentar el 64% del sueldo del trabajador, porcentaje que se atenúa al mantener la reducción de las contribuciones patronales propias del ATP. Esto significa que las empresas del sector pagan más de lo que lo hubieran hecho con el programa ATP original. Sin embargo, el REPRO II está condicionado a no superar el 35% de la facturación del mismo mes del año anterior, lo cual puede llevar a la pérdida de este beneficio por parte de las clínicas y sanatorios debido a la mayor cantidad de prestaciones brindadas, por prácticas postergadas y atención de pacientes durante la segunda y tercera ola de pandemia.
Estas condiciones posicionaron al Índice de Costos un 51% por encima del Índice de Ingresos en el primer trimestre 2021. Si la intervención estatal para sostener el empleo no hubiera existido, la brecha resultante sería del 70%. Por último, si la pandemia por COVID-19 no hubiera existido, el Índice de Costos superaría al de Ingresos en un 46%. Todas las situaciones manifiestan la frágil situación del sector.