Con el correr de los días comienzan a develarse algunos elementos del programa económico que pretende aplicar el nuevo gobierno nacional. A dos semanas de su asunción, con la discusión y aprobación parlamentaria de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva podemos aventurar que en los primeros meses el gobierno buscará “tranquilizar la economía”, en palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, para generar así las condiciones para el crecimiento, fase elemental para el desarrollo.
En consecuencia, partiendo de la base de que “la Argentina consume el 70% de lo que produce”, según señaló el Presidente en una entrevista brindada recientemente a Luis Majul -aunque, relevamientos de consultoras privadas publican que el consumo explica cerca del 80% del PBI-, el gabinete económico buscará generar las condiciones propicias para que la economía repunte apuntalando a la demanda. Según expresaron púbicamente los funcionarios, la expansión del consumo no debe perder de vista la consistencia macroeconómica. Es por ello que proponen actualizar algunos gravámenes impositivos para poder financiar la inyección de dinero en el mercado interno evitando agrandar el déficit fiscal o la emisión monetaria, explicó el titular del Palacio de Hacienda.
Un elemento central en el esquema que carbura el oficialismo es el comienzo de la recuperación de los sectores más castigados por la crisis. En efecto, los haberes jubilatorios están en la mira del programa, puesto que perdieron cerca de 20 puntos de poder adquisitivo desde el cambio de fórmula hasta hoy. Es decir, en poco más de dos años. Así como la adecuación de las retenciones y el impuesto a la compra de divisas previstas en la ley generaron controversias, las modificaciones en el esquema jubilatorio que realizará el Ejecutivo no fueron la excepción, y no pocos medios ya hablan de congelamiento y ajuste a los jubilados.
Vale aclarar que la pirámide previsional, según datos oficiales, se asienta sobre una robusta base conformada por los que cobran el haber mínimo, cerca del 50% de los jubilados; es decir, un poco menos de tres millones de personas. Si a estos les sumamos aquellos que cobran poco más de la mínima pero están por debajo del tope de los $19.000, entonces, aproximadamente el 60% de los jubilados está en condiciones de recibir los bonos extraordinarios.
Así, quien percibe la mínima, recibiría $10.000 extras a la espera de una nueva fórmula de movilidad, frente a poco más de seis mil pesos de aumento que le correspondería cobrar entre marzo y junio con la anterior ecuación. Ahora bien, la pregunta lógica que cabe es qué sucede con los que no percibirán los bonos ¿la suspensión del cálculo significa un congelamiento de sus haberes al no recibir ni bono ni el aumento previsto? Recientemente el Presidente anunció que en el mes de marzo habrá un aumento para todos los jubilados; del porcentaje del mismo depende la suerte de los distintos estratos de la pirámide previsional.