Cuando se dice que una empresa tiene certificación B, se sabe que su objetivo traspasa lo meramente económico. Esto se refleja en el cumplimiento de ciertos aspectos relacionados al impacto social y ambiental, transparencia pública, responsabilidad legal entre otros.
Es justamente en este proceso dónde “Sistema B” acompaña a las empresas en su transformación como representantes de la certificadora B Lab para Latinoamérica y en particular, para la Argentina. Al momento de certificar, se realiza la evaluación de impacto B, “que es una herramienta que permite medir de una forma que nunca se midió a una empresa (hoy en día se mide por el balance) pero una empresa B contempla otros parámetros como lo social y ambiental”. relata Marina Arias, directora de Sistema B en el país en diálogo con este medio.
Además, la ejecutiva, agrega que la evaluación es una herramienta que permite medir de forma libre y gratuita el impacto de cualquier empresa, pero también se torna en “un instrumento de gestión, porque brinda posibilidades de cambio, mejoras, con un panel de control y posibilita saber hacia dónde se dirige”. En definitiva, la evaluación “da una foto” de la organización que abarca ciertas dimensiones que se van adaptando según el tipo de industria.
Para lograr la certificación de Empresa B, una firma debe alcanzar una calificación de al menos 80 puntos en la evaluación de Impacto B, donde se mide su impacto positivo y pasa una revisión de riesgos, en el que se estima el impacto negativo de la misma.
Al referirse a las empresas que pasan por esta instancia, Arias comenta que las mismas no sólo deciden gestionar el impacto, sino que también “se comprometen a un camino de mejoras continuas”, por lo que modifican sus estatutos en función de perseguir fines que van más allá de un rédito económico.
Según la directora, el valor de las empresas B hoy en día radica en “demostrar que lo que se dice es real para llevar un sello que distingue de otras empresas” por lo que “se debe demostrar que todo lo que se dice sea una política instalada y no más bien prácticas aleatorias.
“Nosotros como movimiento reflejamos lo que estamos pasando en el mundo, porque las empresas B se demuestran por ser certificadas, pero no hace visibles a todas las demas que están generando impactando”.
Las empresas interesadas en alcanzar la certificación deben cambiar su estructura de gobierno corporativo para rendir cuentas a sus grupos de interés (no sólo a los accionistas) y exhibir transparencia al permitir que la información sobre el desempeño de su Certificación de Empresa B esté disponible públicamente en el sitio web de B Lab Global.
Ley BIC. Es a partir de esta situación que desde la organización se impulsa la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) la cual busca reconocer a las empresas de triple impacto y darle un marco jurídico a las mismas.
En lo que se refiere a políticas públicas, en nuestro país las empresas de triple impacto no tienen un reconocimiento legal que las identifique y las potencie. Por esta razón, Sistema B impulsa la Ley BIC, para que el Estado “identifique, reconozca y promueva a empresas con un propósito que busque solucionar un problema social y/o ambiental”, subraya Marina Arias.