(Especial, María Ester Romero, para Perfil Córdoba) A mediados de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones resolverá uno de los nudos centrales de la causa Cordubensis CBI, la presunta financiera ilegal que operó en la ciudad de Córdoba, que consiste en confirmar si existió asociación ilícita y si de ella participaron además de los socios de las empresas involucradas, también las segundas líneas de su conducción.
El expediente llegó a la Sala B, integrada por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montesi, a raíz de las apelaciones presentadas a una resolución emanada del Juzgado Federal 3 el 10 de febrero último, en que se dictaron procesamientos, sobreseimientos y faltas de mérito a una veintena de imputados.
La exposición de todas las partes ocupó ocho jornadas de audiencias. En este capítulo, que puede considerarse el núcleo, están bajo análisis 82 hechos. Una docena de abogados participaron en defensa de los imputados, además del Ministerio Público Fiscal y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Afip. El querellante particular, Carlos Nayi, no asistió a ninguna. Además de la figura de asociación ilícita, que es la más gravosa, se alternan las imputaciones por intermediación financiera ilegal, lavado de activos y evasión fiscal.
En ese sentido, abrió los pedidos el fiscal Alberto Lozada, quien solicitó al tribunal que revoque los sobreseimientos de las segundas líneas de las empresas involucradas, CBI, Jotemi y Halabo y Centro Motor Toyota, al considerar que tuvieron también su cuota de responsabilidad en la constitución de la asociación ilícita. Esta posición fue compartida por la UIF y Afip.
Eduardo Rodrigo. Pese a la exposición que hizo su abogado, Facundo Amoedo, alegando que CBI era una empresa lícita y que no evadía ni lavaba dinero porque se utilizaban cheques, es decir papeles incorporados al sistema financiero legal, el propio Rodrigo hizo uso de la palabra para explicar detalladamente la operatoria de la empresa.
Estas consideraciones fueron replicadas por Martin Olariugrotte, representante de UIF, quien subrayó que el fuerte de la actividad estaba en la intermediación financiera antes que en las promocionadas cajas de seguridad de valores. Y el fiscal Lozada ironizó indicando que poner en duda que CBI era una mesa de dinero era una burla a todos.
Centro Motor Toyota. Por su parte, los abogados de Darío José y de Darío Onofre Ramonda alegaron que el único vínculo de la empresa con CBI fue un convenio firmado en 2008 para la recaudación por un robo que habían sufrido. Negaron que alguno fuera socio de la financiera cordobesa.
Ahumada y Ramírez. En tanto, Tristán Gavier pidió que se revoque la asociación ilícita aplicada a sus defendidos, Julio César Ahumada y Aldo Hugo Ramírez, socios de CBI, y cuestionó la veracidad de la carta póstuma de Jorge Suau endilgando al fiscal Enrique Senestrari haberla tomado como guía de su investigación, cuando en realidad
-según su explicación- adolece de contradicciones.