La Cámara Federal porteña confirmó ayer la intervención judicial a la firma “Los Sauces” y al “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” hasta diciembre próximo, al remarcar que sus bienes podrían ser “producto de un hecho criminal”, por lo cual “merecen una urgente tuleta”, en el marco de la causa en la que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos.
La decisión fue de los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes confirmaron un fallo del juez del caso, Claudio Bonadio, según la resolución a la que accedió la prensa.
La Cámara advirtió que, según argumentó el juez Bonadio, los bienes “podrían constituir objeto, instrumento o el producto de un hecho criminal que merecen una urgente tutela”
Para el Tribunal hubo maniobras tendientes a sustraer el patrimonio de la tutela judicial.
“No es un dato que pueda menoscabarse que a los pocos días de que fuera dispuesta la intervención sobre la sucesión de Néstor Kirchner, la cuenta que estaba abierta en el Banco de Santa Cruz y que contaba con importantes ingresos y pagos mensuales dejó de tener actividad inscribiéndose el condominio que continuó con el cobro y facturación de alquileres”.
Estas maniobras “deben ser desarticuladas para no tornar ilusorio o frustrar el accionar de la Justicia”.
La Cámara recordó que la hipótesis delictiva se basa en que los acusados recibían dinero como “ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y o de áreas de la industria petrolera y luego lo introducía al mercado financiero valiéndose de otras tantas sociedades”.
El juez que lleva la causa había dispuesto la intervención de “Los Sauces” y del Condominio a raíz de lo cual desplazó a sus directivos, nombró interventores y, en junio último, dispuso una prórroga hasta diciembre para estas esas medidas.
La intervención y esta prórroga fueron apeladas por el abogado Carlos Beraldi, y la Cámara confirmó lo resuelto por el magistrado. Los bienes de ambas firmas “podrían constituir objeto , instrumento y/ o el producto de un hecho criminal”.