Los contratos de locación celebrados bajo la última ley de alquileres se actualizan con una periodicidad de 6 meses, de acuerdo al Coeficiente Casa Propia. En mayo, les corresponde actualización a aquellos firmados en noviembre y ya se conoce el porcentaje de aumento.
La Ley Nº 27.737 fue la última en regir los contratos de locación particulares en Argentina. Fue promulgada a mediados de octubre de 2023 y suspendida en diciembre de ese mismo año, con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Esa ley establecía que la actualización de los contratos de alquiler debía ser semestral y con aplicación del denominado Coeficiente Casa Propia. El mismo tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.
Asimismo, la Ley 27.737 fijaba en 3 años la duración mínima de los alquileres y obligaba a celebrar los contratos en moneda nacional. Asimismo, preveía incentivos impositivos para los propietarios que alquilen sus viviendas.
Su sanción fue motivada por una severa escasez de oferta en el mercado de alquileres, problemática a la que no logró dar solución. El DNU 70/23, en cambio, logró incrementar la oferta de viviendas en alquiler a cambio de una desregulación importante del mercado. Los contratos celebrado ahora se rigen por lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, y el canon locativo, las actualizaciones y la moneda quedaron liberados.
Para conocer cuánto hay que pagar desde mayo de 2024, se debe multiplicar por 1,5244 el precio del alquiler que se venía abonando hasta este mes. Por ejemplo, si hasta marzo de 2024 el canon locativo era de $120.000, desde abril y por 6 meses el monto a pagar será de $182.928 ($120.000 * 1,5244).
Anualizado, este aumento es menor que el de los alquileres regidos con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Sin embargo, al considerar promedios móviles anuales, el Coeficiente Casa Propia puede sufrir importantes aumentos en los próximos meses, a medida que la mayor nominalidad de la economía gane ponderación en el cálculo.