Las empresas están pagando salarios bajos como consecuencia del entorno adverso en el que operan: hay elevados costos de energía y de transporte, malas regulaciones y altos impuestos. A la larga esto termina haciendo baja su productividad y, en este marco, aparece el estado dando subsidios desordenados, por encima de lo que las empresas pueden pagar en salarios para ser competitivas.
Según datos de INDEC, al cuarto trimestre de 2021, se tiene que el ingreso medio de un asalariado registrado es de $68.879. Mientras que un padre de familia que trabaja como asalariado informal gana en promedio $28.592, más las asistencias del estado:
- Programa Potenciar Trabajo: $16.500 por cada padre.
- Tarjeta Alimentar: $18.000 por tres o más hijos menores de 14 años.
Por lo tanto, una familia con tres hijos que accede a planes sociales (solo posible sin tener trabajo o trabajando en la informalidad) obtiene aproximadamente $51.000 mensuales del Estado. Tan solo un 25% menos que el salario medio que cobra una persona por trabajar en blanco 8 horas al día, y que generalmente debe contar con una calificación media o alta para acceder a ese empleo formal.
La mala intervención del Estado, que no se ocupa de mejorar la competitividad de la economía para que las empresas sean más productivas y puedan pagar mejores salarios, crea incentivos perversos, con lo cual no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado.
Con un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos y brinda servicios de baja calidad se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad, lo cual garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios. En este marco, se da el pie al asistencialismo. Pero, lejos de ser una solución se convierte en un factor que contribuye a darle sustentabilidad a la pobreza. En primer lugar, porque la máxima aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos, pero no sustituye el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a las familias. En segundo lugar, porque el asistencialismo genera una alta rentabilidad política.
El Estado tendría que preocuparse por la productividad de la empresa primero y asistir a las personas que están en situación de necesidad después.
Fuente: Idesa
