Tironeo por alquileres: inquilinos piden prórroga del DNU, inmobiliarios, un freno

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El impacto de la pandemia de sigue generando impactos negativos para muchos sectores de la sociedad y de la economía. Aunque el “pozo” de la caída de la actividad se alcanzó entre abril y mayo del año pasado, aún hay miles de damnificados por la pérdida de sus y la caída en el poder adquisitivo.

Para intentar paliar ese escenario el gobierno nacional lanzó una serie de medidas y entre las que aún están vigentes se encuentra el congelamiento de los valores de , una medida controversial que está siendo difícil de sostener por su prolongación en el tiempo.

De hecho, el congelamiento ya tuvo un par de postergaciones y la última establece que los alquileres deben mantenerse sin variaciones hasta el 31 de enero próximo. El alivio de supone, obviamente, muchas complicaciones para los dueños de inmuebles y para los profesionales del mercado inmobiliario.

Hoy, ante la inminencia del vencimiento de ese plazo, los dos lados del mostrador volvieron a sacar sus cartas. Uno y otro buscan captar la atención del Ejecutivo y enviaron sendas comunicaciones al Presidente y su gabinete para torcer una solución que contemple sus intereses.

Así, los inquilinos expresaron:

“El panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% (datos que coinciden con los entes reguladores) posee deudas en materia de servicios. En ese sentido, reivindicamos las resoluciones del Gobierno Nacional establecidas en el decreto 320/2020 y sus sucesivas prórrogas, que entre sus principales puntos establece que los contratos que tengan vencimiento antes del 31 de enero se prorrogan automáticamente hasta esa fecha en las mismas condiciones; los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; y se suspenden los desalojos hasta el 31 de enero.

 Hoy vemos con preocupación que estamos a poco más de un mes de la finalización de la vigencia del decreto, y la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas que respondan a estas problemáticas. Por este motivo extendemos al Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación la urgente solicitud de extensión del decreto 320/2020 y la necesidad de avanzar en definiciones sobre los siguientes puntos:

– “FONDO NACIONAL DE ALQUILERES COVID 19” (SOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LOS INQUILINOS)

 – ORGANISMOS DE APLICACIÓN Y CONTROL

 – INCORPORACIÓN DEL VALOR DEL ALQUILER EN LA CANASTA BÁSICA DEL INDEC

 – POLÍTICAS DE RELEVAMIENTO DE DATOS

 – TARIFA DE INQUILINOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS

 – ROL DEL ESTADO EN LA VIVIENDA OCIOSA

 – LIMITACIÓN DEL VALOR DE LOS ALQUILERES

 – MESAS DE TRABAJO SOBRE VIVIENDA Y URBANISMO

 – VIOLENCIA DE GÉNERO

 – REGLAMENTAR EL PROGRAMA ALQUILER SOCIAL

 – REGULACIÓN ESTATAL DE LA VALORIZACIÓN DEL SUELO Y TRIBUTACIÓN PROGRESIVA

Por otro lado, los Inmobiliarios de Córdoba, junto al Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCi), reclaman ser escuchados por el Gobierno Nacional.

En una misiva remarcaron que rechazan una nueva prórroga del DNU porque consideran que “otro parche más” no soluciona la situación de fondo, al contrario, profundiza la crisis del sector y perjudica a muchos propietarios que viven de sus inmuebles como ingreso principal y a los profesionales inmobiliarios.

“La mayoría de los propietarios han invertido en inmuebles como una manera de constituir una renta para vivir o bien como un complemento necesario que ayude al ingreso familiar mensual. Actualmente, se ven muy afectados al no poder gozar plenamente de sus derechos debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, las cuales cercenan el ‘derecho a la propiedad’, impidiendo disponer de su propio bien, ya sea para uso propio o para renta, lo que establece una clara injusticia”, manifestó Viriginia Manzotti, presidenta del CPI Córdoba y vicepresidenta del CoFeCI, representando a los inmobiliarios de la Provincia.

Y destacaron que, en la provincia de Córdoba, desde abril 2020 hasta la fecha, los relevamientos indican que, en promedio, el 84% de los inquilinos abonan en término el alquiler, y en otras provincias el indicador es muy similar.

“El Estado ya estableció las pautas a través de una legislación de fondo que marca reglas de juego precisas y muy claras, por lo que prorrogar la vigencia del decreto profundizará la crisis que vive el todo el sector inmobiliario, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo e ingresos familiares que dependen directamente”, advirtieron.

 

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