Que sus acreedores aprueben la apertura de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) para cancelar su deuda y que el grupo comprador acepte conformar una nueva Sociedad Anónima (S.A) con participación accioniaria de la láctea son las dos condiciones que está negociando SanCor para ordenar sus cuentas y sumar a un grupo extranjero como accionista mayoritario.
Tanto el APE como la S.A van de la mano. Es decir, no hay nueva sociedad anónima si no se logra negociar el pago de un pasivo algo mayor a los $1.000 millones solamente en cheques rechazados pero que llega a un total de casi $3000 millones, con una quita de entre 30% y 40% del monto total y varios pagos en cuotas, informe IProfesional.
Es que la emergencia por la que atraviesa la empresa láctea con sede en la localidad santafesina de Sunchales obliga a acelerar los plazos para alcanzar una solución definitiva, en el marco de una crisis que no logró resolver ni con la venta de algunos de sus activos ni con la ayuda financiera del Gobierno. Es más, hace unas semanas SanCor vendió por u$s33 millones el 50% de la sociedad que tenía con la escandinava Arla Foods en Afisa (Arla Foods Ingredients S.A.), en busca de fondos frescos para apalancar su proceso de reestructuración y reducir su deuda acumulada en los últimos años.
Afisa fue creada en 2000 para producir proteínas a partir del suero de queso, para su comercialización en la Argentina y fundamentalmente para mercados internacionales, desde una planta ubicada en la localidad cordobesa de Porteña. Si bien esos fondos le permitirán cubrir parte de su pasivo y mejorar las condiciones de la cooperativa para terminar de tentar al grupo neocelandés Fonterra, con el que negocia hace ya más de un año pero que no termina de concretarse.
De hecho, en los últimos días, la multinacional líder en productos lácteos habría enfriado las conversaciones, tras haberle exigido al directorio de SanCor un “mayor esfuerzo” a la hora de ordenar sus cuentas antes de firmar algún acuerdo de capitalización. Como parte de los reclamos se encuentra la necesidad de reestructurar la deuda con los acreedores quirografarios y privilegiados que no tienen garantía real y que en su mayoría son tamberos, exceptuando a la AFIP y la ANSES.
