(Agencias) Las tan esperadas negociaciones para definir cómo se concretará el Brexit comenzaron y el primer consenso al que llegaron Londres y la Unión Europea (UE) fue comprometerse a un divorcio ordenado que incluya un acuerdo en política migratoria para los ciudadanos de ambas partes, para la frontera entre Reino Unido e Irlanda y sobre el monto que los británicos deberán pagar para saldar sus compromisos con el bloque.
«En un primer paso, trataremos con los temas más apremiantes. Debemos despejar la incertidumbre que causó el Brexit. En un segundo pasado, analizaremos nuestra futura asociación», resumió uno de los cuatro negociadores por la UE, Michel Barnier, en una conferencia de prensa conjunta con su contraparte británica, el ministro David Davis, después de su primera reunión en Bruselas.
Ambos negociadores informaron que, a partir de ahora, se reunirán una semana al mes hasta el 29 de marzo de 2019, el plazo final en el que, haya o no un acuerdo definitivo, se activará la salida de Reino Unido del bloque europeo.
Davis señaló que la mayor parte del tiempo de esta primera jornada lo ocupó la cuestión de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, que sería la única entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit y que, dijo, debería ser «lo más invisible posible» para evitar que se ponga en peligro la paz y la estabilidad política en la región.
Barnier, por su parte, señaló que la voluntad de la UE es también que «se cumpla absolutamente el acuerdo de Viernes Santo» que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte, si bien señaló que sí deberá existir una frontera con todas sus consecuencias para los servicios y mercancías, al quedar el Reino Unido fuera del mercado común.
Sobre los derechos de los ciudadanos europeos y británicos que viven en el territorio de la otra parte, el vocero del equipo de Londres señaló que la primera ministra Theresa May presentará un «escrito de propuesta» en la cumbre comunitaria de jefes de Estado y gobierno de este jueves y viernes, un documento que también trasladará al Parlamento británico.
Este es un tema sensible no sólo para los socios europeos de Londres, sino para la propia dirigencia británica, que se ha demostrado muy dividida en el Parlamento e, incluso, dispuesta a presionar a la premier May, si ésta no consigue un acuerdo que garantice el status privilegiado de los ciudadanos europeos en Reino Unido y de los británicos en el bloque.