Según pudo conocerse hoy, a través de los medios periodísticos brasileños, el país vecino solicitó a los Estados Unidos que no se le revele información sobre el caso Odebrecht al Gobierno de Mauricio Macri.
La justicia brasileña pidió a su par norteamericano que no divulgue datos sobre el caso a nuestro país, al considerar que Argentina no puede cumplir con el mantenimiento de los secretos tal como exige el acuerdo de delación premiada que permitió al vecino país obtener declaraciones clave de ejecutivos y funcionarios ligados al escándalo.
La Procuraduría general de Brasil argumentó que tiene el deber de velar por el cumplimiento del acuerdo como los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. Asimismo, planteó que no hay un equivalente a una ley de delación premiada en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri envió a fin de año pasado al legislativo un proyecto para crear un marco regulatorio para un acuerdo semejantes a los realizados en Brasil, pero la propuesta todavía no fue aprobada.
El contexto político y constitucional también es diferente. Argentina celebrará elecciones legislativas en octubre y la expresidenta Cristina Kirchner, principal opositora a Macri, es candidata al Senado en la provincia de Buenos Aires. Ella es el principal blanco de los requerimientos que están en las manos de los dos jueces argentinos, que actúan de forma descentralizada, sin el equivalente al grupo de trabajo en Brasil.
El asunto fue mencionado en el encuentro del equipo del procurador general de la República, Rodrigo Janot, con autoridades del Departamento de Justicia en esa semana en Washington. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió a las autoridades americanas que no compartan con la Argentina las informaciones obtenidas a partir de delaciones realizadas por ejecutivos de Odebrecht.
La semana pasada, un grupo formado por cuatro jueces y dos procuradores argentinos estuvieron en Washington para requerir información sobre Odebrecht que ellos no estarían conseguido de Brasil.
Janot, que está en la capital americana, se reunió con autoridades de los departamentos de Justicia y Estado. El funcionario considera que que no hay garantías de que las autoridades argentinas vayan a cumplir con las reglas necesarias tras recibir la información.
La Procuraduria general de Brasil tiene que velar por el cumplimiento del acuerdo con los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. En el caso de la compañía, el castigo por otras jurisdicciones debe de tener el límite de imposición de una multa, manteniendo sus actividades en el país.
