(Agencias) Un juez ordenó la prisión preventiva durante 18 meses para el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por haber recibido, presuntamente, unos 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Humala y Heredia, quienes son investigados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, la defensa de la expareja presidencial apeló la medida dispuesta al cabo de una larga audiencia de cinco horas de duración y anunció que Humala y Heredia se pondrán a disposición de las autoridades judiciales.
El juez cursó un oficio para la ubicación y captura de la expareja presidencial y su ingreso en una cárcel local, si bien a los pocos minutos pudo verse a la familia Humala dirigirse en auto hacia los tribunales para presentarse ante el juez.
En su sentencia, el magistrado explicó que confluyeron diversos criterios como la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, y la pertenencia a una organización criminal en el caso del exmandatario y su esposa que justificaron la decisión.
Así, la decisión de su ingreso a la cárcel fue considerada «idónea y necesaria» además de «proporcional» a los delitos causados.
En esa línea, el juez dijo que la medida asegurará su presencia para los fines del proceso y evitar que obstaculicen la acción probatoria.
Durante la audiencia, el magistrado afirmó que «existen fundados indicios» contra Humala y Heredia respecto al delito de lavado de activos con un «alto grado de probabilidad» de la comisión de la falta.
Concepción consideró que «ya no se puede hablar de una simple probabilidad, sino que ahora se puede hablar de un alto grado de probabilidad de la colocación de dinero de fuente ilícita en las campañas electorales de 2006 y 2011».
Agregó que los elementos de convicción presentados por el fiscal Germán Juárez permiten presumir que «Heredia y Humala habían recibido dinero de Venezuela y Brasil, y que con un alto grado de probabilidad lo habían colocado en las campañas electorales de 2006 y 2011 simulando aportantes fantasmas».
Además, ese dinero ilícito se habría usado para lucro personal, con algunas cuentas que incluso están a nombre de sus hijas de menores de edad. El magistrado también consideró como altamente probable que la pareja hubiera recibido dinero desde la embajada de Venezuela en Perú.
Para la campaña del 2011, de acuerdo a la investigación del fiscal, ambos habrían recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS que habrían colocado en la campaña presidencial, después de haber simulado aportes individuales a su partido.
