«La ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández, no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez, y su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado-, sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras», advirtió Marijuán en un dictamen de 65 carillas al que accedió Télam.
Marijuán sostuvo que tanto durante la presidencia del fallecido Néstor Kirchner como en la de su esposa hubo una «incidencia del poder político de máximo nivel», demostrado en la falta de «alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz».
» A ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades», advirtió.
El fiscal entendió que «la vinculación entre las maniobras de lavado de activos y la adjudicación irregular de obra pública con la que fue beneficiado Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner-Fernández (2003-2015), demuestran la calidad de “socios”, en realidad coautores, que mantenían el ex matrimonio presidencial y su amigo personal, el mencionado Lázaro Báez».
Y remarcó que «este vínculo delictual persistió luego de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, con el mismo y continuo comportamiento de Cristina Elisabet Fernández».
