Las destempladas palabras del concejal peronista de la ciudad de Córdoba, Diego Casado, cuando trató de adicto y vinculó con el narcotráfico a un dirigente de otro partido político, levantaron revuelo fuera y dentro del oficialismo. El proyecto de solicitarle exámenes antidroga a los candidatos electos se desinfló por instrucción del propio intendente y candidato a gobernador por el PJ, Martín Llaryora.
De inmediato le apagaron el micrófono a Casado y el tema comenzó a ser liderado por el vice intendente y candidato a intendente, Daniel Passerini, de profesión médico, con estudios especiales en toxicología.
Así, el tema pasará de ser tratado en el Código Electoral al Código de Ética, con lo cual puede dormir el sueño de los justos durante bastante tiempo.
Pero Llaryora tomó nota de la importancia y especialmente del impacto que tiene el tema en la sociedad. Le acercaron una encuesta realizada en las ciudades más densamente pobladas de la provincia con la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con que funcionarios electos (gobernador, vice, legislador, intendente y concejales) jueces y policías de alto rango sean sometidos a exámenes antidroga?
Más del 80% de los consultados contestó en forma afirmativa. El relevamiento fue realizado en Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Villa Carlos Paz.
Los extremos más bajos se dieron en Villa Carlos Paz y San Francisco (en ningún caso se llegó al 90%) y los más altos en Villa María (casi el 97% de respuesta afirmativas en algunos tópicos).
Córdoba capital estuvo por encima del 90% aunque ese porcentaje bajó cuando se preguntó sobre los funcionarios políticos, aunque las respuestas afirmativas superaron el 80%.
Con esos números bajo el brazo, el intendente de capital comenzó a elaborar un proyecto de ley que seguramente presentará en su campaña electoral: pedir exámenes antidroga a funcionarios políticos, magistrados y policías. Y luego lo aplicará si gana la elección del 25 de junio y es designado gobernador.
Chau rinoscopia
Será un examen de sangre y no una rinoscopia porque ese método es anacrónico, según afirmaron dos especialistas en el tema.
El tema del narcotráfico, como se ve, se metió de lleno en la campaña y la oposición aplaude porque maneja un menú de varios temas vinculados a este mundo oscuro, para incomodar a las autoridades provinciales.
En el gobierno schiarettista recogen el guante y admiten que se trata de un fenómeno desagradable que debe ser tomado con muchísima seriedad, pero son enfáticos al rechazar cualquier comparación con la ciudad de Rosario, donde los problemas por el narcotráfico son mayúsculos y casi no hay necesidad de explicar de qué se trata.
Cerca del titular del Palacio 6 de Julio explican que quien den positivo no serán separados de sus cargos sino “que se les dará contención y se los apoyará para llevar adelante un tratamiento de recuperación”.
Llaryora quiere ganarle de mano a la oposición y jugar fuerte en este aspecto, desafiando cualquier tipo de reglas que le indique que abordar esa cuestión generalmente le acarrea inconvenientes a los oficialismos.
Juntos por el Cambio ya tiene al “Lilito” Gregorio Hernández Maqueda recorriendo la provincia y hablando de los peligros del narcotráfico en diferentes charlas partidarias y conferencias abiertas.
Se trata de un tema caliente que traerá consecuencias en la campaña electoral, tanto de la provincia como de la ciudad de Córdoba y los restantes centros urbanos de mayor población.
Por Eduardo Bocco
