Desde Idesa buscan profundizar el análisis de una de las problemáticas que más han estudiado: la sustentabilidad del régimen previsional. En ese sentido, el Instituto acaba de difundir un trabajo en el que aborda la situación actual del esquema previsional y detalla una serie de argumentos para dejar en claro que el panorama, lejos de resolverse, empeorará:
«En el Senado se ha propuesto un nuevo proyecto de ley que impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales. Esto implica dar nuevas jubilaciones prácticamente sin aportes. Este nuevo proyecto supone ofrecer una alternativa de “compra” de servicios para quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria o tengan entre 50 y 60 años en el caso de las mujeres y 55 y 65 en el de los hombres. Así, los ciudadanos que no podrían jubilarse por no haber cumplido con los 30 años de aportes podrían abonar los meses que adeudan al sistema y podrían acceder a la jubilación sin inconvenientes», afirman desde Idesa.
Y subrayan que el problema de esta alternativa es que los beneficiarios abonarían solo el 29% de la base mínima no imponible (como si fuese un autónomo), hoy $ 10.990, por lo que se cobrarían $ 3.187, y se paga la mínima $ 32.630, entonces por persona por mes se financian $ 29.443. Además, las moratorias, como este caso, generan la duplicación de beneficios cuando fallece el titular de la jubilación o su cónyuge dado que, por ser un beneficio contributivo, puede generar también una pensión.
«Esto hace que sean el principal factor que explica el alto y creciente fenómeno de duplicación de beneficios. A marzo del 2022 hay 3,6 millones de jubilaciones otorgadas con moratorias de las cuales 819.000 están duplicadas con pensión, con un haber promedio de $73.700, lo que genera por mes un costo de $ 57.731 millones de pesos, un 2% del déficit presupuestado para el año 2022″, afirman.
Desde Idesa detallan que al haber 742.000 personas de más de 60 o 65 años sin condiciones de jubilarse que podrían acceder a esta nueva alternativa, se generaría por mes un costo de $ 21.847 millones y por año $ 284.006 millones, un 0,5% del PIB estimado para el corriente año. Pero esto a su vez representa un 10% del déficit actual del estado. Por otro lado, se estima que hay 879.000 ciudadanos que aún no alcanzaron la edad jubilatoria, lo que generaría un costo de $ 25.880 millones por mes y de $ 336.444 millones por año. En este caso, un 0,6% del PIB y un 12% del déficit. Teniendo en cuenta ambas medidas, el gasto representaría un 1% del PIB de 2022.
«El problema central es que, este tipo de medidas ocasiona, la permanencia del beneficio luego de fallecido el beneficiario. Analizando cómo se encuentra el sistema previsional hoy vemos que 7 puntos del déficit son a causa de las jubilaciones con moratoria y este porcentaje se mantendrá incluso luego de fallecer el beneficiario. En base a lo que plantea esta nueva medida, esta proporción se aumentaría a un 29% del déficit. Y a menos que surja una nueva fuente de ingresos que solvente el sistema el mismo continuará siendo deficitario y empeorará porque aumentan las erogaciones y no los ingresos. Ya que legalmente no hay una alternativa que hoy permita financiar la erogación.
Así y todo, sería poco sensato pensar que una persona que no alcanza la edad jubilatoria dispondría de $ 3.187 para adquirir un mes de servicios a futuro si sabe que existe la posibilidad de acceder a una moratoria en los próximos años. Priorizaría hoy su consumo presente y esperaría que cuando alcance la edad jubilatoria surja una nueva moratoria a la cual se adheriría. Al ser personas que han trabajado en la informalidad probablemente no dispongan de dinero extra o dinero justificado para afrontar este pago.
Una mejor alternativa sería continuar con la PUAM. El gasto sería menor, no significativamente más bajo, pero garantiza que una vez fallecido el beneficiario se extingue el beneficio. Sin embargo, el consenso que sostiene las malas políticas previsionales queda demostrado con la sugerencia de este proyecto. Debería impulsarse la PUAM que tiene un diseño más apropiado que las moratorias porque no es un beneficio contributivo. Esto permite diferenciarla de la jubilación a la que acceden las personas que hicieron aportes regularmente y, lo más importante, no genera derecho a pensión por fallecimiento evitando los múltiples beneficios. Este instrumento permite moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios. Pero como cuando se creó la PUAM no se eliminaron las moratorias ni las pensiones por sobrevivencia se dejó la oportunidad para que se sigan dando y duplicando jubilaciones contributivas sin aportes, en lugar de trabajar para perfeccionar la PUAM», plantean.
