La legisladora provincial Liliana Montero presentará un pedido de informes sobre la actividad del Defensor del Pueblo de Córdoba. El proyecto, que es la segunda iniciativa legislativa sobre el organismo en lo que va del mes, se origina en nueva información periodística que da cuenta de que las actividades habituales del organismo no están contempladas dentro de sus funciones.
“De la publicación realizada por el periódico Perfil Córdoba, surge cómo el organismo es un patrocinador habitual de festivales y artistas, así como el ‘especial’ vínculo con Juan Ángel Monelli, más conocido como Ángel Martín (quien se autodenomina ‘la voz romántica’). El cantante es empleado de la Defensoría pero, además, estaría relacionado en la contratación de otros servicios”, dice el comunicado enviado por Montero.
En este marco, en el pedido de informes se indagará sobre los gastos en publicidad, los convenios con municipios del interior para adherir a distintos festivales y la Fundación Alternativa Ocupacional y Social. Además, se solicitará información sobre el presupuesto asignado a cada programa, la evaluación de la necesidad de cada programa, los responsables y personal afectados así como los resultados obtenidos.
Según las averiguaciones de Montero, este año el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es de 85.670.000 pesos. De este total, 67,5 millones está destinado a personal pero más la mitad de esta cifra (35,3 millones) está designada para personal no permanente. Además, el rubro publicidad se le asignó 4,1 millones.
“En definitiva, es necesario clarificar las razones por las cuales se destina un monto tan elevado en eventos y publicidad, la superposición de funciones con el Poder Ejecutivo y las vinculaciones con el cantante conocido como Ángel Martín”, agrega la legisladora.
“Es necesario entender que estas instituciones fueron concebidas para que los ciudadanos se sientan protegidos frente al poder político y económico. Lejos de cumplir esa función, la Defensoría del Pueblo ha servido para proteger al poder y principalmente para ser un reducto de nombramientos de personas adeptas a su titular y con funciones poco claras”, manifestó Montero.
“La Defensoría es un reducto de un pseudo dirigente radical con estrechos vínculos políticos y económicos con la estructura de Unión Por Córdoba”, agregó.
Y concluyó: “Lo grave es el desprestigio al que este organismo ha sido sometido y, por ende, la desconfianza que genera en el conjunto social. El daño que se le hace al sistema por el mal uso de esta institución es difícil de revertir”.
