La Justicia Federal recibió hoy un aval para investigar a otros sindicalistas por lavado de dinero. Esta vez, quien quedó bajo la lupa de los investigadores es el líder de camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo. El movimiento judicial tuvo su puntapié inicial luego de que el juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, trasladara al fuero Federal los testimonios de dos imputados que involucraron a los Moyano en maniobras de presunto lavado a través del club Independiente. Las versiones recibidas por Vitale fueron en el marco de la causa contra barras del club de Avellaneda acusados de apretar a jugadores a cambio de no agredirlos, en la que hoy dictó la prisión preventiva por el delito de asociación ilícita para el líder de la barra del club de Avellaneda, Pablo “Bebote” Álvarez, Damián Lagaronne, Ariel Romero, Adrián Bartone, César Godoy y Adrián García. Los testimonios extraídos fueron remitidos al juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, quien deberá decidir si impulsa la investigación.
De las indagatorias recibidas por Vitale, los testimonios más contundentes, según pudo reconstruir El Intransigente, fueron los de Álvarez y Langaronne quienes involucraron directamente a Hugo y Pablo Moyano, junto a un sector de la Comisión anterior del club de Avellaneda, en maniobras de lavado.
En la justicia por estas horas hay cierta cautela. Mientras que por un lado sostienen que los testimonios surgieron de declaraciones indagatorias, un acto donde los imputados no están obligados a decir la verdad, como si sucede en las declaraciones testimoniales. Por otro reconocen que el caso de los Moyano podría asimilarse al de las investigaciones que avanzaron en los últimos años contra diferentes referentes sindicalistas. Omar “el caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina y el reciente de Marcelo Balcedo, son los más emblemáticos.
Los testimonios de Álvarez y Langaronne salieron de la investigación que comenzó luego de que señalara que los jefes de barra de Independiente cobraban dinero para controlar las tribunas y no agredir a los jugadores. El detonante fue un apriete de Álvarez al entrenador Ariel Holan, lo que motivó la apertura de un expediente policial y otro judicial con varios referentes del club entre los involucrados.
