El Gobierno Nacional envió el proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del 2 por ciento, una inflación estimada en el 60 por ciento, y un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.
Sin embargo, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) asegura que el presupuesto «confirma la inconsistencia fiscal» y la «incoherencia».
«El más trascendental es que las proyecciones se hacen con el supuesto de que la inflación será el año próximo del 60% anual. Al no explicar cómo se bajará la inflación desde el 95% proyectado por el propio Presupuesto para el corriente año al 60% que se usa en las proyecciones de ingresos y gastos para el 2023, el contenido del Presupuesto queda rebajado a la intrascendencia», explica Idesa.
El proyecto de Presupuesto expone también la proyección que el Ministerio de Economía hace para el 2022. Según sus estimaciones, el PBI en el 2022 será de $82 billones y el déficit primario de $2,3 billones. «Esto implica que el déficit primario (es decir, sin considerar el pago de intereses) llegaría al 2,8% del PBI, mostrando una pequeña reducción respecto al 2021 que fue de 3% del PBI», considera el Instituto.
Estas proyecciones que el Ministerio de Economía hace para el 2022 sirven para evaluar si planea o no cumplir la meta fiscal con el FMI. En este sentido, en el acuerdo con el FMI se contemplaron metas nominales. En concreto se estableció que:
- El PBI para el 2022 sería de $70 billones.
- La meta para el déficit fiscal primario se acordó en 2,5% del PBI.
- Esto implica que el déficit fiscal no tiene que superar $1,8 billones.
Estos datos muestran que, suponiendo que las proyecciones del gobierno se hacen realidad, la Argentina incumplirá la meta de déficit fiscal en 2022. Mientras el acuerdo contempla un tope de $1,8 billones para el déficit fiscal primario, el Ministerio de Economía proyecta un desequilibrio de $2,3 billones.
Otro tema controvertido en relación a las cuentas públicas es el “dólar soja”. Para Idesa, «la manera natural de instrumentarlo hubiese sido eliminar las retenciones sobre las exportaciones de soja. Esto hubiese sido registrado en la contabilidad pública como una pérdida de ingresos y, por lo tanto, como un aumento del déficit fiscal. Dado que el desvío respecto a las metas con el FMI hubiera sido mayor, se apeló a este mecanismo de establecer que el Banco Central pague un dólar especial de $200 y que la pérdida que asume al vender dólares al valor oficial de $140 sea compensada por un título que emite el Tesoro nacional. De esta manera, en lugar de registrar un mayor déficit, lo que la Secretaria de Hacienda registra contablemente es un aumento de deuda».
No hay dudas de que la Argentina incumplirá nuevamente un acuerdo con el FMI. Pero hay motivos para considerar que es factible que se consiga el perdón y los desembolsos no sean suspendidos. La principal razón no son tantos los argumentos técnicos de los funcionarios nacionales, sino la resignación y el cansancio de los técnicos y las autoridades del FMI. En este sentido las tratativas políticas para que el Directorio acepte el incumplimiento tienen altas chances de llegar a buen puerto.
«Lograr la continuidad del acuerdo con el FMI y conseguir una buena respuesta al “dólar soja” son los ejes centrales de una estrategia que se concentra en las reservas del Banco Central», analiza la entidad.
La estrategia pasa por alto que el principal problema son los excesos de emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal que obligan al Banco Central a emitir cada vez más Leliqs. La “bola de nieve” que provoca la absorción de emisión monetaria con las Leliqs se sigue agrandando y encareciendo –cada vez que el Banco Central se ve obligado a aumentar la tasa de interés– lo que acelera los precios y hace cada vez más difícil imaginar una salida no traumática a la dinámica inflacionaria que se está viviendo.