El Grupo Techint dejó de lado las amenazas que venía deslizando por lo bajo contra la administración de Macri y decidió enfrentar directamente al Gobierno con una demanda de consecuencias impredecibles.
Como anticipó LPO, el recorte de subsidios al gas de Vaca Muerta recientemente aplicado por Lopetegui fue interpretado por Rocca como una ruptura de la alianza que se había mantenido incluso ante el procesamiento y el pedido de detención que sufrió en la causa de los cuadernos, por el pago de coimas millonarias en dólares a funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner.
En esta nueva etapa, el principal empresario de la Argentina eligió pegarle Macri donde más le duele. Lo acusó de violar el derecho de propiedad, equiparándolo a un gobierno anti mercado que no respeta la seguridad jurídica.
Dejó de esa manera en el aire flotando el recuerdo de la expropiación de la planta de Sidor que sufrió en Venezuela por parte de Hugo Chávez, que al final del camino le resultó un suculento negocio porque cobró una indemnización que según denunciaron ex gerentes involucrados en las negociaciones, superó en 300 millones de dólares el monto de mercado. Hoy, Rocca plantó las bases para un juicio similar, que ahora deberá enfrentar el Estado argentino.
«La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46. Tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado», comunicó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea.
«La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino», indica dicho artículo de la carta magna. Como se ve, Roca no se privó de esgrimir una acusación bastante delicada para un gobierno pro mercado como el de Macri.
La medida implica un «perjuicio» retroactivo de $5.655 millones y -de acuerdo a los precios que rigen actualmente- unos 1.000 millones de dólares en promedio en los próximos tres años, que Rocca no está dispuesto a resignar.