El proceso de licitación que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el subte porteño está a punto de culminar con la entrega del negocio nuevamente a una empresa del Grupo Roggio.
Se trata de Metrovías, que de esta forma se mantendrá a cargo de las actividades tal como lo viene haciendo desde hace ya 25 años y que se prepara para anunciar inversiones por US$ 150 millones para los próximos años de contrato.
A fines de diciembre del año pasado, la sociedad estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) abrió el primer sobre que contenía las calificaciones otorgadas a los participantes del proceso. De allí se desprendió que la mejor calificada fue la UTE Helport-Keolis, con 907.5 puntos contra los 891 puntos de Metrovías.
Sin embargo, a mitad de enero pasado la ganadora de esta primera etapa desistió luego de continuar con la competencia tras informar a SBASE y a sus socios en el consorcio, Helport y Transport for London, que «no continuará como oferente en la licitación por la operación y mantenimiento» del subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto dejó la vía libre a Metrovías, que quedó entonces como la única participante de la gestión del subterráneo ya que meses atrás la empresa francesa RAPT Dev también había abandona la licitación por los cambios económicos en las «condiciones del país».
Y por estos días, las autoridades porteñas a cargo de la licitación procedieron a la apertura del sobre económico que presentó la empresa de la familia Roggio que además es la única que sigue en carrera en este proceso tras el retiro de los otros dos grupos extranjeros que se habían presentado el año pasado.
En la presentación, Metrovías ofrece cobrar $ 125,60 por kilómetro recorrido para cada coche que ponga en servicio. Un monto que no se puede cuantificar de manera más global teniendo en cuenta que todavía no se sabe la cantidad de unidades que la empresa pretende operar y porque además fue presentado en agosto del 2018, antes de las devaluaciones y los problemas económicos que atravesó luego el país.
También porque aún faltan los análisis pormenorizados de esta oferta. Ya que por pliego, la Comisión Evaluadora tiene un plazo de 20 días para concretar este análisis y emitir un dictamen. Luego, se contempla un plazo de impugnación, la resolución se envía a Procuración y pasada esa etapa se eleva al Directorio de SBASE.