El fiscal Andrés Godoy quedó nuevamente en el centro de las críticas, casi un año después de la imputación a los médicos del geriátrico de Saldán. En este caso fue por las notificaciones previas a los comerciantes que convocaron a la marcha del 25 de mayo.
El episodio de las notificaciones que denunciaron comerciantes y padres autoconvocados, terminó de transparentar la tensa y conflictiva relación entre el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y un sector de la Justicia. Desde la fiscalía aseguran que este mecanismo de las notificaciones previas se llevó adelante durante toda la pandemia y en conjunto con la policía, y recuerdan como ejemplo casos similares de notificaciones a los gremios, cuando en su momento anunciaron una marcha.
Fuentes judiciales apuntaron directamente al ministro Mosquera: “Ahora nos suelta la mano y nos deja expuestos”. Desde el Ministerio de Seguridad se despegaron del hecho con el siguiente mensaje: “El Ministerio de Seguridad no dispuso notificación alguna previa a la movilización. La consulta debiera formularse por ante la fiscalía de Emergencias Sanitarias que tiene jurisdicción sobre el particular. La cartera de Seguridad es ajena a las notificaciones practicadas”.
Respecto a las notificaciones y a su validez jurídica, hubo varios cuestionamientos incluso de algunos fiscales, aunque Godoy obtuvo un respaldo fundamental por parte del fiscal General.
Un fiscal de Instrucción con un largo recorrido y trayectoria en la Justicia dejó trascender por lo bajo su enojo y criticó las prácticas de las notificaciones: “Lo que hizo Godoy es una barbaridad. Nosotros no hacemos prevención. Es ilegal abiertamente y desnuda una tarea de inteligencia previa. Muy distinto son las advertencias. Además, estas prácticas hacen imposible remontar nuestra imagen con la sociedad”.
Con el aval de Delgado
Con todo, hubo un respaldo al accionar del fiscal Godoy que llegó desde el flamante fiscal General, Juan Manuel Delgado. En un principio, ese apoyo fue mediante un escueto comunicado donde se avaló la actuación del funcionario judicial.
En un escrito que hicieron llegar desde el Ministerio Publico Fiscal, se justifican legalmente las notificaciones y el trabajo del fiscal:
“Los Fiscales de Instrucción, ante el anoticiamiento de la posible comisión de un hecho delictivo, tienen el deber de practicar la investigación penal preparatoria, sea a partir de una denuncia o de oficio, la cual cf. el art. 303 del CPP tiene por objeto, entre otros, individualizar a sus autores, cómplices e instigadores. En el contexto de emergencia sanitaria descripto, tal objetivo alcanza a quienes por cualquier medio, incluidas las redes sociales, instiguen a la violación de las medidas sanitarias vigentes o las incumplan. En estos casos, previa identificación de los presuntos infractores, se efectúan a través de la Policía Administrativa las notificaciones correspondientes a los fines de hacer cesar su conducta, imponiéndoles sobre las consecuencias penales y/o administrativas que acarrea su incumplimiento, conforme la normativa vigente. En función de ello, todas las medidas y notificaciones ordenadas por los fiscales en el marco de la emergencia sanitaria han tenido origen en una investigación penal iniciada de acuerdo a lo descripto en los puntos precedentes”.
Con este apoyo por parte del jefe de los fiscales, y a pesar de las críticas de varios sectores, Godoy tiene decidido avanzar en la identificación de los asistentes a la movilización del 25. A tal punto, que en una nota dirigida a la jefa de Policía, le solicitó obtener, “todos los registros fílmicos de los domos existentes alrededor del centro comercial Patio Olmos, de fecha 25/05/2021 en el horario comprendido entre las 15 a las 18.30 aproximadamente y luego, en base a dichos registros, llevar a cabo la identificación de las personas asistentes a la movilización convocada por la Red de Comerciantes Unidos”.
(Especial por Mariano Nievas para Perfil Córdoba)
