Finalmente, ayer se difundió el texto del Ministerio Público Fiscal por medio del cual el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano promovió acción penal contra 9 personas en la causa que se investiga las maniobras de las supuestas financieras ilegales de zona norte.
Ellos son Martín Azar, Diego Sebastián Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Pablo Guillermo Rueda, Joaquín Héctor Eleazar Becerra, Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni y Jorge Mario Novaro. A principios de febrero, un operativo de 13 allanamientos desmanteló el funcionamiento de una financiera ilegal considerada “mayorista”, a cargo de Azar y Sánches, de otra minorista, que estaría encabezada por Rueda y Becerra a la vez que incautó más de $150 millones, autos y motos alta gama, armas y más de 450 cheques y un centenar de pagarés.
La investigación sobre esos documentos permitiría reconstruir el tejido de clientes que operaban con esa financiera. Los delitos por los cuáles se investiga a los vinculados con la “cueva” son los de asociación ilícita, lavado de activos, evasión e intermediación financiera.
Las operatorias. El requerimiento del fiscal describe cómo trabajaban en la financiera de Azar y Sánchez para los distintos “negocios”:
1 Préstamos de dinero en efectivo con fondos de terceros sin autorización: los cuales se realizaban previa captación de dinero de terceras personas (“fondeadores”). Para hacer frente a tales operaciones, los encartados utilizarían para ello el dinero en efectivo de terceros que ingresaba a través de la celebración de contratos de mutuo.
Esta operación se ejemplifica con el préstamo que Diego Sánchez le hizo el día 21 de octubre de 2016, a M.M. (se mantiene reserva del nombre que figura en el requerimiento del fiscal) por $300 mil en efectivo “comprometiéndose este último a abonar el capital total entregado más una tasa de interés compensatorio del (4.5%) mensual”.
2 Transacciones de dinero en moneda nacional o extranjera: mediante transferencias consistentes en compensación o conciliación de cuentas posiblemente por fuera del circuito legal utilizando para ello diversas cuentas bancarias extranjeras abiertas ya sean de empresas como ser “H&H Outfiters”.
En el exterior. El texto del fiscal también señala que se realizaban operaciones comerciales o financieras en otros países del extranjero, como ser China, Panamá, EE.UU, Bolivia, Paraguay y Australia.
También se señala que “si se trataba de una transferencia de grandes montos dinerarios, generalmente la cuenta bancaria a utilizar eran de empresas registradas en los Estados Unidos y en distintos países, un ejemplo de ello era la cuenta bancaria que pertenecería a la firma de caza “H & H Outfiters” radicada en EE.UU. Tales cuentas bancarias eran utilizadas por la asociación ya que las mismas contaban con un ingreso habitual de dólares transferidos en dicho país por residentes de este, en pago por servicios que posiblemente la firma comercial prestaría en Argentina relacionados al turismo extranjero de caza en el país. Dichas cuentas habrían sido utilizadas por la financiera para realizar una maniobra que les permitía a personas físicas y jurídicas en el país, transferir desde Argentina al exterior sumas de dinero en efectivo cuyo origen está siendo investigado, con la modalidad de la compensación o conciliación de cuentas, para lo cual con una cuenta en el exterior compensaban dinero para ingresar a la República Argentina, todo ello posiblemente fuera de los circuitos legales reglados por el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF). En definitiva, operatoria permitía la disponibilidad de dinero en el exterior sin tener que declarar dichas sumas ante algún organismo ni tributar aranceles por dichas operaciones, debiendo abonando para ello el monto de la operación más una comisión en efectivo a los encartados”.
Asimismo, se detalla que “las firmas extranjeras a las cuales pertenecerían las cuentas bancarias extranjeras utilizadas por los encartados, se verían beneficiadas con la disponibilidad de divisas en efectivo en Argentina sin tener la necesidad de ingresar legalmente el dinero que poseerían en la cuenta bancaria del exterior lo que le supondría no solo un control estatal y fiscal sobre el mismo sino también el pago de tributos por ello. Tal cuestión puede ejemplicarse en la existencia de un recibo secuestrado en la oficina donde funcionaría la financiera de los encartados, en el cual consta que la firma “HH Outfiters” le habría pagado al señor R. G. la suma de U$S 95.000.
3 Descuento de cheques con fondos de terceros sin autorización por parte del organismo controlador. Los imputados se proveían de cheques para llevar adelante el descuento de dos fuentes distintas: 1) con “operadores, quienes acercarían habitualmente cheques ya sea al día o a plazo a la financiera; o 2) con clientes particulares como personas físicas como así también firmas comerciales que colocaban cheques de terceros con alguno de los encartados. Para descontar estos valores, los encartados cobraban como contraprestación un porcentaje que rondaba generalmente entre un 3.3% o 5.5% variable, dependiendo de los plazos y circunstancias del mercado de que se traten
El último caso en cuestión se ejemplifica también con una carta documento secuestrada en la oficina donde funcionaba la financiera, remitida por Diego Sánchez a J.J.B., en el cual el primero, en su carácter de tenedor de cuatro cheques de pago diferido librados por el segundo, intima al librador al pago de ciento treinta mil pesos ($130.000). Asimismo, igual situación que la descripta se da en las cartas documento secuestradas en el domicilio de la financiera las cuales tenían como destino a “H SAS” y Q.L.A., refiriendo las mismas a reclamos por cheques impagos.
4 La compraventa de moneda extranjera –en su mayoría dólar estadounidense-, con fondos en efectivo por fuera del sistema legal y sin la previa autorización del Banco Central de la República Argentina para actuar como casa, agencia u oficina de cambio, fijando a tales efectos una cotización propia que era comunicada en el momento a los potenciales clientes. El señor R.H.M. habría colocado dos millones de pesos en la financiera a cambio del pago de una tasa de interés mensual, a los efectos de poner a disposición dicha suma de dinero para la facilitar el giro ilegal de la financiera.