A un año de que el Gobierno acudiera a buscar asistencia al Fondo Monetario Internacional, el riesgo país subió 90%; la tasa de los Credit Default Swaps alcanza 251%; la inflación acumulada es de 51,3% (hasta marzo); el Producto cayó 2,7%; la deuda en relación al PIB aumentó 52,3%. Se cumplió el ajuste de la base monetaria que sólo evolucionó 15,1%; mejoró el saldo de balanza comercial fundamentalmente por la caída de importaciones y se cumplió la meta de reducción de déficit fiscal primario (el financiero se incrementó por el mayor peso de la deuda). Las reservas aumentaron por los recursos ingresados por el Fondo.
En el plano cambiario, independientemente del acuerdo con el Fondo y con las necesidades de financiamiento cubiertas hay necesidad de divisas para que la economía funcione. En 2018 la salida de dólares llegó a US$ 36.000 millones, en el primer trimestre de este año, hay un total negativo de US$ 4.000 millones.
La conclusión es de los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE); es de decir la clave es de dónde se pueden generar más dólares, apuntó Mary Acosta. Víctor Peralta planteó que todavía falta el ingreso grueso de recursos de la cosecha y que hay limitaciones para la salida de divisas vía viajes o gastos en el exterior.
La deuda bruta de la Administración Central tuvo su punto más bajo en 2011, a partir de cuando empieza a subir hasta el salto entre 2017 y 2018. En la composición de la deuda lo que se registra entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018 es la baja en 10 puntos de la que está en manos de agentes públicos y la suba de la participación del sector privado y de los organismos multilaterales.
La participación de los privados respecto del PBI se duplicó desde 2016, mientras que la de los organismos multilaterales pasó de 5,3% en 2012 a 15% el año pasado. De la deuda en poder de los privados el 36% vence entre este año y el próximo y un 25% hasta 2025. Esos vencimientos significan el 44,6% de la deuda global; equivale a US$80.000 millones. La importancia del monto está vinculada con la necesidad de que se renueve. El 80% son títulos y el 20% son Letras del Tesoro. “El desafío está en ese segmento –dijo José Simonella, presidente del CPCE- porque lo que está en poder del FMI se resolvería cumpliendo con el acuerdo mientras que lo que está en manos de otros agentes del Estado también es más simple de arreglar”.
Por otro lado, se afirmó que, respecto del acuerdo con el FMI, no acepta acumulación de atrasos domésticos (deuda flotante) ni de deuda externa. “El piso para el cambio de reservas internacionales propias se flexibilizó en las últimas semanas para intervenir en el mercado cambiario. Hay un techo al crédito del Banco Central al gobierno. Los desembolsos de 2020 equivalen a US$3.875 millones y en 2021 US$1.937 millones. Este año, cuando llegue el último giro en unos 40 días, se habrán completado US$22.555 millones”.
Para financiarse este año no planea recurrir al mercado internacional ni doméstico; respecto de los títulos de corto plazo contra un vencimiento de US$19.300 millones prevé emitir US$7800 millones, lo que implica que se desendeudará en Letes y Lecaps.
“Si este plan se cumple, el 2020 se comenzaría con menos incertidumbre”, planteó Peralta. De cara al próximo año, se espera menos déficit primario y sí prevé recurrir al mercado doméstico para financiarse. Debería, así, mantener el endeudamiento en Letes. Entre los problemas latentes, Acosta mencionó la liquidez en pesos que significan esos títulos que están impactados en los plazos fijos.
El Consenso. Simonella, sostuvo que si el Gobierno lograra que se firme el compromiso de los diez puntos bajaría la incertidumbre política. «Hay que pedirle a los dirigentes políticos responsabilidad por encima de sus ambiciones electorales. Venimos diciendo que había que llamar al consenso, pero que el Gobierno se haya demorado no justifica que no se avance en un acuerdo».