Por José Busaniche, especial para Perfil Córdoba. En los próximos días el board del FMI daría su ok a la segunda revisión de las metas que se pactaron en el programa de Acuerdo Ampliado que Argentina selló con ese organismo. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, emitió un comunicado donde ponderó el trabajo del equipo del ministro Sergio Massa que logró “estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad”.
Además de la acumulación de reservas y el enfoque para la política monetaria la directora Georgieva recalcó los avances de “parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de déficit primario existentes del 2,5 % del PIB en 2022 y del 1,9 % del PIB en 2023, con énfasis en una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua, junto con una mejor priorización del gasto y manejo estricto del presupuesto”.
Un elogio al camino trazado que es, también, un visto bueno a la hoja de ruta del recorte que viene haciendo economía desde la salida de Martín Guzmán. El ordenamiento de las cuentas públicas es clave, pero ya hay voces que cuestionan el perfil de ese ajuste que estaría afectando derechos sociales básicos como el acceso a la educación y la vivienda. Es el caso de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En diálogo con PERFIL CORDOBA, Francisco Rodríguez, abogado del programa de derechos sociales de la ACIJ dio detalles sobre el informe “El impacto de la reducción presupuestaria en los derechos sociales” que elaboró ese organismo y que plantea que el Poder Ejecutivo dispuso la disminución de $100 mil millones en programas clave en materia educativa y habitacional.
“Lo primero que hay que decir es que en lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, el recorte que produce el Estado en primera medida es ilegal. Más allá de las consecuencias concretas que eso genera tenemos una Ley que es la 26.061 en donde se define la protección integral de los derechos que establece la intangibilidad de los recursos presupuestarios”, dice.
Y amplía: “Una vez que los recursos fueron asignados, esos recursos no pueden ni sub ejecutarse ni destinarse a otros fines. Acá lo que vemos es que concretamente hay tres programas educativos que entre todos se recortan más de $50 mil millones y el Estado disminuye esas partidas vulnerando la Ley de intangibilidad de los recursos”.
Rodríguez remarca que la ley también establece como punto destacado el concepto de asignación privilegiada, es decir, una asignación prioritaria para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Argentina está con presiones en materia de obligaciones de pago de deuda, sin embargo, tenemos una ley que plantea que el Estado debe reforzar aquellos lugares más vulnerables, justamente son normas pensadas para que en momentos de crisis no se tomen acciones como esta”, señala.
En paralelo, desde ACIJ recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga al Estado a asignar el máximo de los recursos disponibles para asegurar los derechos de este grupo.
El recorte. La decisión administrativa del 22 de agosto que tomó Massa se suma a otras entre fines de julio y agosto. Así se definieron los siguientes recortes:
-Programa Conectar Igualdad: sufrió, en las últimas semanas, una disminución de $35 mil millones. Implica que el programa pasó de poco más de $90 mil millones a $55 mil millones, lo que equivale a una disminución del 38,3%. Así, este año se entregarán 840.000 computadoras menos que las que el Estado se había comprometido.
–Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes: sufrió una disminución de $15 mil millones, que se suman a otros 1.6 mil millones que habían sido recortados en junio, lo que en total equivale a una reducción del 36% de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa en el nivel inicial en todo el país. Este programa es importante porque tiene a su cargo ampliar y construir establecimientos para cumplir con la Ley 27.045, que reconoció la obligatoriedad educativa desde los 4 años y el deber estatal de universalizar los servicios educativos desde los 3 años.
–“Programa de Infraestructura Escolar y Equipamiento”: encargado de ampliaciones y construcciones de los restantes niveles educativos. La reducción es de $5 mil millones y equivale al 18% de los recursos vigentes antes del recorte.
“Así se imposibilita al Estado a garantizar el derecho a la educación en diferentes programas. Y el punto es que para estos programas el Estado nacional funciona como el único capacitado para llevarlos adelante. En términos generales la provisión de computadores a estudiantes de colegios secundarios es algo encarado por la Nación y las provincias no han podido abordarlos por sus propios fondos. Eso implica menor acceso a tecnología, a Internet, en definitiva, menor calidad educativa”, refuerza Rodríguez.
Vivienda. El recorte también dispuso la disminución del programa “Planificación y Desarrollo Territorial” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por un total de $ mil millones, lo que implica una disminución del 23,51% respecto del presupuesto vigente anterior al recorte. Entre sus principales líneas de acción se destacan: el Apoyo a la Ejecución del PROCREAR y el Plan Nacional de Suelo Urbano. Un golpe directo a las expectativas de disminuir el déficit habitacional de, aproximadamente, 3.5 millones de viviendas que tiene el país.
Analizan medidas. Desde ACIJ señalan que es posible plantear la ilegalidad de estas decisiones, aunque hay bemoles. “Estamos analizando distintas estrategias, la posibilidad existe, pero la realidad es que en lo que tiene que ver con materias presupuestarias los juzgados son reticentes a meterse con asuntos presupuestarios porque entienden que son facultades a cargo de los poderes legislativos y ejecutivo. Pero el recorte es ilegal, lógicamente estamos evaluando herramientas a encarar”.
