Empresas investigadas por evasión tributaria pagan multas y socios imputados recuperan la libertad

Se originó una discusión jurídica respecto a si la cancelación de los montos a la Afip, por los que están acusados de megaevasión tributaria, suspende o no la acción penal.

22 octubre, 2020 | 0:00 hs. | Punto a Punto

 

En la causa judicial por presunta megaevasión tributaria a partir del uso de facturas apócrifas, las defensas han emprendido una estrategia: que las empresas paguen a la Afip los montos evadidos y, a partir de la cancelación, solicitar las excarcelaciones de los socios y directivos acusados. En algunos casos, el juzgado concedió la libertad o la prisión domiciliaria, a pesar de dictámenes en contra de la fiscalía. Sin embargo, los defensores apuntan a algo más: que cese (si pagaron al contado) o se suspenda (si se acogieron a la moratoria) la persecución penal con el argumento de que regularizaron sus deudas ante el organismo recaudador.

Tras un año de investigación, hace poco más de un mes, se realizaron un centenar de allanamientos en Córdoba y otras provincias que arrojó un saldo de 30 personas detenidas y dos expedientes que se tramitan en los tribunales federales de Córdoba y San Francisco. La pesquisa se basó en maniobras de unas 60 empresas entre 2018 y este año. Se detectaron 80 usinas de facturación trucha a nombre de contribuyentes insolventes por servicios que, se presume, no se habían prestado y empresas inexistentes.

El objetivo era generar crédito fiscal o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación al IVA y Ganancias, razón por la cual los fiscales federales, Enrique Senestrari (Córdoba) y Luis María Viaut (San Francisco), solicitaron imputaciones por evasión impositiva, además de asociación ilícita a aquellos que se presumen integran una banda para generar la facturación apócrifa.

Se sospechaba que había unos 600 usuarios de la documentación trucha, entre ellos empresas de call center, exportadoras, constructoras y municipios. La cifra calculada de la evasión ascendería, siempre según la sospecha inicial del expediente, a $132 millones. El expediente se encuentra en plena investigación.

Corebi SA. En los últimos días, Benjamín Sonzini Astudillo, defensor de Eduardo Mauricio Pinto, Leandro Paolo Srur y Martín Alejandro Sarmiento, presentó un certificado de cancelación de deuda por $4,5 millones perteneciente a la empresa Corebi SA, una de las investigadas en las maniobras. Antes se presentaron pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria ante el Juzgado Federal 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro. Se corrió vista al fiscal Senestrari, quien opinó en contrario de ambas solicitudes y finalmente los tres recuperaron -en diferentes momentos- la libertad.

En este punto hay discrepancias entre el juzgado y la fiscalía. Fuentes del tribunal explicaron a este medio que Afip tiene 120 días hábiles para cerciorar que se haya cancelado la deuda. Es imposible esperar tanto tiempo, más si se tiene en cuenta el contexto de pandemia y contagios de Covid-19 en las cárceles. Sin embargo, fuentes de la fiscalía rebatieron el argumento indicando que no es necesario esperar ese plazo, sino hasta la desintervención del material secuestrado para analizarlo antes de otorgar las excarcelaciones para evitar futuras posibles interferencias.

También puntualizaron que si bien rectificaron sus declaraciones juradas, habría facturas apócrifas que constan en el requerimiento fiscal y sobre las cuales se mantienen las sospechas de evasión.

Con cancelación de deuda elevada al tribunal, la defensa planteó también la suspensión de la acción penal. Sonzini Astudillo señaló que se extinguirá cuando se haya cancelado la totalidad de la moratoria acordada. Hay otros contribuyentes que obtuvieron prisiones domiciliarias, cancelaron toda la deuda y esperan una decisión de sobreseimiento por extinción de la acción penal.

El juez Bustos Fierro analiza cada planteo para definir si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos.

APELACION EN SAN FRANCISCO

El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, apeló la falta de mérito que dictó el juez Pablo Montesi, para el dirigente mutualista de Devoto, Domingo Benso. Así lo confirmó a este medio indicando que consideró una “decisión prematura” porque es necesario analizar la prueba. También sostuvo que, aún en el caso en que se confirme que el IP desde donde se emitieron facturas apócrifas sea compartido por muchas personas, es una falta grave que debería ser corregida.

La defensa de Benso, a cargo de Ignacio Carranza, sostuvo que la interface es usada por más de 1.300 personas deslindando responsabilidad del titular de la cooperativa de Devoto. Benso permaneció un mes detenido. Mientras estuvo alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) se contagió de coronavirus antes de obtener la libertad. Llegó a su ciudad y comenzó a manifestar los primeros síntomas.

(Especial por María Ester Romero para Perfil Córdoba)


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