La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, se comprometió este martes a revisar «errores» en las bajas en las pensiones por discapacidad e invalidez, en medio de la fuerte polémica que generó la decisión.
La ministra mantuvo en las últimas horas diálogo permanente con sus pares en la Casa Rosada y acordó revisar los casos que fueron alcanzados por la aplicación del decreto de 1997, que endureció los requisitos para acceder al beneficio, indicaron fuentes oficiales.
«Somos un Ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir», comentó.
Stanley advirtió, de todos modos, que es «absolutamente falso» que haya una baja masiva de pensiones y señaló: «Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios».
«Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos. Me enoja que traten de usar este tema políticamente y generando miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo», apuntó.
La funcionaria precisó que «en estos cruces, que son mensuales, se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado», por lo que de hecho en 2015, en el gobierno de Cristina Kirchner, «se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy».
«Además de eso, en esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo. Desde que asumimos, estamos trabajando en cortar con ese clientelismo y asegurarnos de que la ayuda social llegue a quienes más la necesitan», sostuvo la ministra.
Stanley destacó, además, que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado, mientras que también se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.
La ministra explicó que estas pensiones por invalidez laborativa requieren, según la ley, que haya un alto grado de vulnerabilidad: remarcó también que hay otro tipo de ayuda del Estado, la AUH para hijos con discapacidad y subsidios para distintas discapacidades.
«Entiendo y me duele cada uno de los casos donde cometimos un error. Son situaciones que merecen nuestra atención. Pero tratar de generar este pánico respecto de las bajas de pensiones me resulta un mal manejo y uso político», subrayó.
Y agregó: «Hace un año y medio que gobernamos. No solamente no dimos de baja ningún plan, sino que hemos aumentado los planes y hemos trabajado en toda la ayuda y el acompañamiento que han requerido las familias. Éste es el gasto social más grande en porcentaje del PBI de los últimos años. No vamos a aceptar ni el clientelismo ni el mal uso político. Hemos encontrado pueblos en los que había más pensionados que gente viviendo ahí y casos en los que se entregaban pensiones en locales partidarios, en lugar de oficinas estatales».
«Les aseguro a las familias que merezcan y necesiten la pensión que la van a tener, al igual que cualquier familia en situación de vulnerabilidad va a recibir del Ministerio de Desarrollo Social todo beneficio, ayuda y acompañamiento que requiera», concluyó Stanley.
También la diputada nacional Gabriela Troiano (Partido Socialista) afirmó este martes que mantuvo una conversación con la ministra de Desarrollo Social y que «se comprometió a rever y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad» y a «rever la aplicación del decreto 432» de 1997.
«Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a rever el tema de la aplicación del decreto», sostuvo en un comunicado, aunque aclaró que no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio, Guillermo Badino, subrayó este lunes que en realidad que lo que se hace ahora es «administrar responsablemente y en forma transparente» un programa que, según afirmó, en el kirchnerismo se hacía de manera «clientelar».
«Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas, que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley», sostuvo el funcionario nacional.
En diálogo con la prensa, el integrante del Ministerio de Desarrollo Social defendió la decisión del Gobierno de dar de baja esas pensiones «incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas» de los beneficiarios.
«Éste es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento: que la persona tenga una invalidez total y permanente, y, además, que tenga un grado de alta vulnerabilidad social», explicó.
El titular de la CNPA reiteró sus críticas a la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner respecto de esta cuestión: «Fue un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no corresponden exactamente a lo que imponía la ley».
«Se administró de forma muy irresponsable una cifra gigantesca de dinero estigmatizando gente vulnerable diciéndole que se llamaran inválidos para poder votarlos. El manejo clientelar de este programa ha sido realmente irresponsable», finalizó.
