El Gobierno ya movió dos piezas para acceder a los sensibles datos de Odebrecht que constan en los Estados Unidos y que podrían llegar a la Argentina por vía judicial. Una es la Oficina Anticorrupción (OA), que ya fue aceptada en Comodoro Py como querellante de las causas de Lava Jato. Otra vía la activó ayer la Procuración del Tesoro, que se presentó en tres juzgados que investigan los sobornos, pidió «tomar vista de las actuaciones» y hacer fotocopias.
El acceso a los expedientes judiciales le permitirá al procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tener pruebas oficiales de los ilícitos para motorizar una demanda en el fuero civil. El objetivo de este funcionario -que oficia de abogado del Estado- es exigirle a la gigante brasileña el pago de un resarcimiento económico, sin recibir una contrademanda de la empresa.
Según pudo conocer La Nación de fuentes judiciales, Saravia Frías dejó escritos en los juzgados de Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi. Esos magistrados investigan, respectivamente, las obras de AySA, del soterramiento del tren Sarmiento y de los gasoductos donde fue contratada Odebrecht.
«Tenga a bien autorizar a esta Procuración a tomar vista de las actuaciones y extraer las fotocopias que pudieran resultar de utilidad, para contar con todos los elementos para poder reclamar adecuadamente por los perjuicios sufridos por el Estado», señaló el funcionario en su escrito.
Para franquear la barrera de los expedientes, Saravia Frías se respaldó en el artículo 131 del Código Procesal Penal, que indica que «el tribunal ordenará la expedición de copias, siempre que fueren solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas». Los jueces deberán resolver si abren, o no, sus expedientes.
El sendero para acceder a los datos de los Estados Unidos aún está en sus inicios y será tratado con suma confidencialidad para que la colaboración bilateral fluya sin traspiés.
En su misión a Washington, los jueces pudieron observar una base de datos construida por los norteamericanos, sobre la base de las confesiones de Odebrecht y de documentos que aportó la constructora brasileña. Pero para que esa información se constituya en prueba, los magistrados argentinos deberán enviar exhortos puntuales para recibir los archivos de manera oficial.
Además de los jueces Casanello, Martínez De Giorgi, Rafecas y Sebastián Ramos y de los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez, a los Estados Unidos también viajó Ignacio Irigaray, un representante de la OA de extrema confianza de Laura Alonso.
