Por Eduardo Bocco. El crimen de Gabriela Pérez conmovió a buena parte de la sociedad cordobesa por lo irracional, ya que no hay otra manera de denominar a este ataque. El costado salvaje de algunas internas queda otra vez de manifiesto. Una joven de 24 años terminó pagando los platos rotos de este enfrentamiento entre dos gremios pesados: Surrbac y Soelsac.
Esta vez la cuestión se salió de madres y se cobró una vida. Era un acto más en un club de barrio hasta que un asesino empezó a tirar indiscriminadamente con un arma que carga balas 9 milímetros. Obviamente no tiró para amedrentar si sabía que proyectiles estaba utilizando. Ahora vienen las excusas, las explicaciones y los lamentos. Acusan a uno o más sicarios, buscan pistas, análisis. La Justicia se toma su tiempo.
El titular del gremio de la limpieza y legislador electo por el peronismo, Sergio Fittipaldi, “sufrió un atentado contra su vida”, dijeron desde el sindicato y acusaron al clan Saillén, que sigue manejando a voluntad el Surrbac.
Franco Saillén rechazó totalmente las acusaciones de sus rivales, aunque a esta altura de las cosas habría que llamarlos enemigos.
En el medio van apareciendo las opiniones de los testigos, de los abogados, de los familiares de las víctimas, entre ellos hay que remarcar las declaraciones de la madre de la víctima, que dio a entender que estaba obligada a ir a esos eventos si quería conservar el trabajo. “Y le daban un sueldo de mierda”, se quejó amargamente Liliana Pérez, quien recordó que su hija debía firmar un contrato cada tres meses y estaba supuestamente obligada a participar de actos sindicales porque de otra manera se interrumpía el vínculo.
Así se mueven algunos sindicatos, con ese grado de extorsión y de avasallamiento de los derechos personales. De otro lado está el clan Saillén, célebre por sus métodos antidemocráticos y violentos.
Entonces, hay que preguntarse: ¿no es hora de que el Estado haga algo? ¿no es hora de un accionar más severo tendiente a limitar estos desbordes que todo el mundo conoce pero nadie denuncia?
Este crimen dio vueltas por el país y quedó enmarcado dentro de la campaña electoral porque el gobernador Juan Schiaretti juega ese partido y es candidato presidencial. Obviamente es un problema para la administración provincial y ahora está pasando lo que naturalmente sucede ante este tipo de situaciones: nadie se atreve a decir nada y no queda claro si la demora tiene que ver con que la Justicia analiza a fondo, o espera instrucciones. No hay nada particular, sólo se dice esto en función de lo que suele ocurrir en esta provincia.
Los detractores de Schiaretti se preparan para hacerse un festín porque este casi 4% de los votos que sacó en las Paso son importantes para los “tres grandes”: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa.
Es obvio a esta altura de las cosas para el sistema político que el crimen de Gabriela es infinitamente menos importante que los votos que se le pueden raspar a Schiaretti. Aunque duela y moleste, las cosas son irremediablemente así.
El tema tampoco es lateral para Martín Llaryora, el intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador entrante. La cuestión lo salpica por su función municipal y lógicamente por la que desempeñará a partir de diciembre próximo.
Podrá decirse –como deslizaron algunos funcionarios en off– que este tipo de hechos violentos que se dan en las internas gremiales “raramente ocurren”. Es posible que sea cierto, pero si alguna vez ocurren y muere gente, el tema deja de ser insignificante.
Schiaretti suele repetir casi como una muletilla que en la vida social y productiva debe haber tanto Estado como sea necesario. Bueno, el mensaje para el gobernador saliente y el electo es que ahora es más que necesario que actúe el Estado. Diríamos que es imprescindible.
