La Cámara Federal porteña confirmó a la jueza María Romilda Servini al frente del expediente de causa del Fútbol para Todos pero decretó la nulidad de algunas medidas de prueba vinculadas con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I en el marco de una recusación contra Servini planteada por los abogados de la asociación mutual Pyme Rural, una compañía financiera de Rafaela, la ciudad santafecina de la que es oriundo el titular de la Corte.
Los magistrados le reclamaron a Servini que no se desvíe de la investigación que tiene que ver con «las operaciones realizadas con cheques emitidos por la AFA para la distribución de los ingresos del Programa Fútbol para Todos entre los clubes afiliados».
La asociación mutual Pyme Rural había pedido el apartamiento de la jueza Servini por «enemistad manifiesta» con Lorenzetti quien «se encuentra asociado a dicha entidad» según surge de la recusación citada en el fallo de la Cámara.
Los apoderados de Pyme Rural se habían quejado de que Servini «había requerido información financiera y bancaria sobre asociados que no integraban el Consejo Directivo de la mutual, concentrándose en Lorenzetti y su familia».
Los abogados de la mutual habían cuestionado también que las decisiones de Servini se habían producido a partir de una presentación realizada por la diputada Elisa «Lilita» Carrió que vinculaban al juez de la Corte con esa entidad, sin dar intervención al fiscal.
Al declarar la nulidad parcial de las medidas de prueba apuntadas contra Lorenzetti, los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler de la Cámara dijeron:que «han excedido el objeto procesal de estas actuaciones».
La pesquisa «se circunscribe a las operaciones realizadas con cheques emitidos por la A.F.A. para la distribución de los ingresos del Programa Fútbol para Todos entre los clubes afiliados», remarcaron los camaristas.
«Las demás operaciones llevadas a cabo por cooperativas o mutuales con cartulares no provenientes de dicha asociación deportiva, resultan notoriamente ajenas al presente sumario», remarcaron los magistrados.
La causa Fútbol Para Todos está dividida en dos: una parte analiza la responsabilidad de ex funcionarios y directivos de clubes en el desvío de fondos públicos, y la otra investiga a las financieras que intervinieron en la maniobra.
La mutual Pyme Rural es una de las compañías financieras investigadas por la justicia federal por haber descontado cheques librados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provenientes del Programa Fútbol para Todos.
La jueza Servini busca establecer si existen o no nexos entre las compañías financieras que descontaron cheques de AFA y los dirigentes de los clubes o funcionarios públicos vinculados con el Programa que permitió la televisación del fútbol sin codificar.
La tensión entre Servini y Lorenzetti se disparó luego de que la Corte Suprema convalidara a fines de marzo que los magistrados deben jubilarse a los 75 años, tal como establece la Constitución nacional.
«Lorenzetti me quiere sacar», se defendió durante un reportaje radial la jueza Servini, de 80 años, el mismo día que se conoció la decisión del máximo tribunal del país.
«Pero yo tengo la causa del Fútbol (para Todos) donde Lilita se presenta sobre una mutual que está en Rafaela (Santa Fe), donde estaría involucrada la familia de Lorenzetti: su madre, su hija y él mismo», sostuvo ese mismo día.
