El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso de desvíos de la empresa Petrobras, en una sentencia emitida por el juez Sergio Moro, quien a cargo de la Operación Lava Jato.
Lula podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el tribunal regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018.
El ex presidente había dicho que cualquier condena en su contra «sería parte de una acción política» por parte de Moro.
Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.
En el caso de la sentencia dictada, Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.
El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de «favores» hechos desde el poder a esa constructora.
El juez Moro, a quien Lula denunció por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, escribió que existe una «culpabilidad elevada» del ex presidente.
El magistrado entendió que el apartamento, a nombre de la OAS, era en realidad destinado a Lula, como parte del dinero que el Partido de los Trabajadores (PT) recibió supuestamente de las empresas como parte de aportes ilegales de campaña o sobornos.
«La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por eso también su culpabilidad cuando comete delitos», sostuvo el magistrado de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.