(Por Rodrigo Miranda, especial para Perfil Córdoba).
«El costo político mayor es esconder las demandas y no debatir”, aseguró el jefe del bloque Juntos por el Cambio (JxC), Orlando Arduh, quien confirmó que en febrero presentará –a título personal– el proyecto de ley para modificar el artículo 7 de la ley 10.406, tal como lo vino reclamando el grupo de más de 250 intendentes y jefes comunales afectados.
Caída la posibilidad de la reforma al “cepo” de dicha norma en la última sesión del período legislativo 2022, los jefes comunales auto convocados de distintos signos partidarios dieron por cerrada la batalla y salieron con los tapones de punta contra el “destrato” de los representantes políticos.
En medio del enfado a flor de piel, los auto convocados hablaron de “proscripción” y de “atentar contra la voluntad popular” a raíz del cepo de la ley, a la que calificaron de “anti democrática” y “jurídicamente incorrecta” que debió corregirse en el transcurso del 2022.
El parlamentario cambiemita recogió el guante ante la demanda de los intendentes y anticipó que presentará el proyecto en el inicio del nuevo período legislativo. ¿Por qué ahora? Solo la política y sus tiempos tienen la respuesta. La apertura del debate a la vista de todos en torno a la iniciativa que tomará estado parlamentario en el mes de febrero, dejará atrás los diálogos subterráneos con el objetivo de contener y darle una respuesta institucional a los jefes territoriales por parte del ámbito donde se hacen las leyes.
Al no salir la reforma en la sesión del miércoles pasado, la última del año parlametario, los jefes comunales lanzaron duras críticas contra los candidatos y referentes políticos de las fuerzas competitivas en el escenario electoral 2023. A su vez, denunciaron “proscripción” y fogonearon un plan “separatista”. “Es comprensible el comunicado de los más de 250 intendentes y jefes comunales de la provincia. Hace meses que intentan que representantes del Ejecutivo y del Legislativo los escuchen: no impulsan la perpetuidad, solo enmendar el artículo 7 de la ley 10.406”, resaltó Arduh.
Para corregir el carácter retroactivo de la polémica norma que se sancionó en diciembre de 2016 y fue promulgada en 2017, se impulsa la modificación del mencionado artículo de la normativa para que se tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019. “Nadie plantea la reelección indefinida, sino que los intendentes deben completar su segundo período a partir de la sanción de la ley”, aclaró la espada legislativa cambiemita, quien expresó que trabajará “por los consensos necesarios”. “Al final, será el ciudadano -como siempre- el que con su voto elija quién será el que lo represente”, afirmó el radical en el bloque JxC.
En el caso de que esta vez sí avance la modificación de la ley implicará destrabar la situación en 292 municipios y comunas cuyos jefes de gobierno con dos períodos consecutivos no pueden –hasta el momento- pelear por un nuevo mandato en 2023.
“Nunca se pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como sí lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983”, sostuvieron los auto convocados en su mensaje recargado de hace escasos días.
Abrir el debate. Arduh recordó que “tal como pasó en provincia de Buenos Aires, donde los diputados y senadores del radicalismo posibilitaron la discusión, es mi idea habilitar el debate de forma oficial y democrática para que cada legislador fundamente en comisión y luego en el recinto de su posición al respecto”, argumentó.
Al referirse al costo político, el cambiemita enfatizó: “No estoy de acuerdo en la necesidad de dejar de tratar estos temas porque nuestra Legislatura es el ámbito natural para dar todos los debates: incluso éstos, que parecen generar cierta incomodidad. El costo político mayor es esconder las demandas y no debatir”. Tras remarcar que “no hay peor discusión en política que la que no se quiere dar”, el jefe de la bancada opositora pidió para lo que se viene “un debate con altura institucional”.
Al insistir en el sentido de la reforma, Arduh aseveró: “Esto no significa que estemos hablando de elecciones indefinidas, ni de falta de alternancia: simplemente creo que es una norma que tiene un error que debe considerarse y eventualmente corregirse para darle la oportunidad a las comunidades de ampliar sus ofertas electorales”.
En el universo de intendentes que no podrían acceder a un tercer mandato la mayoría son de Hacemos por Córdoba (unos 137), aunque hay 73 de signo radical. En menor proporción también alcanza a dirigentes del Frente de Todos (43), del PRO y vecinalistas.
En los pasillos legislativos advierten que si Arduh presenta el proyecto es porque “algo de agua hay en la pileta” para arrojarse. Una frase gráfica que describe el potencial escenario político en torno al tema. Esto implica que hubo conversaciones previas al máximo nivel.
