En los últimos años se constató un fuerte fenómeno demográfico: la consolidación de cientos de emprendimientos, edificaciones y urbanizaciones que crecieron en el Gran Córdoba, en ciudades vecinas a la capital y que en muchos casos constituyen verdaderos polos urbanísticos y de nuevos inmuebles.
Esa explosión urbanística y demográfica que se constata en localidades como La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Alta Gracia, Malagueño, entre otras, tiene su contraparte con lo que pasa en la ciudad de Córdoba: son miles las unidades habitacionales que dejaron de construirse en la ciudad capital. Y, por su parte, son miles los millones de pesos que el municipio deja de recaudar en distintos conceptos por haberse perdido esas unidades.
Desde la Ceduc, y con el apoyo de la consultora Economic Trends, se le puso números a todo lo que rodea ese fenómeno.
Desde ese espacio se plantea que entre 1980 y 2019, por diferentes motivos, Córdoba registró una pérdida de 113 mil inmuebles, lo que equivale al 22,8% de los inmuebles edificados actualmente en el popular barrio de Nueva Córdoba.
Pero en la Ceduc fueron más allá: para impulsar un cambio en las políticas públicas estudiaron el impacto, en términos fiscales, que tuvo esta fuga de inmuebles. Y en ese sentido estimaron que la Municipalidad de Córdoba pierde más de $4.400 millones al año en impuestos inmobiliarios y por recaudación indirecta sobre automotores.
Proyecto para frenar fuga.
Junto a este diagnóstico, la Ceduc presentó un plan para contener la fuga de inmuebles. Y lo presentó en un desayuno de trabajo del que participó el vice intendente de Córdoba y actual candidato a intendente por el peronismo, Daniel Passerini.
La entidad que conduce Roque Lenti remarcó, en un documento, algunos ejes de trabajo para gestar incentivos que reactiven la oferta inmobiliaria y contengan la pérdida de unidades y de recursos.
“Se propone un esquema de incentivos fiscales para las nuevas obras de edificación en las zonas establecidas por la Ordenanza 13131 (2021) basado en la eximición de un conjunto de tasas, derechos, permisos y contribuciones, que inciden en un 1.8% del costo de construcción”, detallaron en Ceduc.
El proyecto plantea una reducción en tasas por subdivisión de PHs (OTA Art. 96), de derecho de demolición (OTA Art.103), de demolición (OTA Art.152), por traslado de maquinaria (OTA Art.55 N4), por circulación de camión (OTA Art.55 N8), por avance fuera de línea municipal (OTA Art.62) y de limpieza de obra (OTA Art. 152b), permiso de edificación (OTA Art.85), derecho de conexión de cloacas (OTA Art.85), contribución por comercio e industria (OTA, Título II).
Según los cálculos presentados por la Ceduc, “el esquema de incentivos se paga solo en 10 años y alcanza un rendimiento fiscal acumulado del 128.6% a 30 años y se trata de una estimación conservadora, ya que no incluye impactos indirectos”.
