En una votación histórica de dos días, el Senado de Chile aprobó uno de los proyectos de ley fundamentales del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018): la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Con este paso fundamental para las mujeres chilenas, que tendrá que ser ratificado por la Cámara de Diputados en unas horas, Chile se halla a un paso de dejar el grupo de los siete países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias (Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras).
En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931, incluso antes de que las mujeres conquistaran el derecho a voto en 1949. Pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, el régimen dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue. Entre 2010 y 2014, las condenas por aborto llegaron a 73 imputados.
La iniciativa aprobada por el Senado chileno pretende despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70.000 abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su ilegalidad. “Las maniobras utilizadas son variadas y, en consecuencia, los precios y riesgos para la vida y la salud de quienes se someten a ellas también son diversos”, señala el capítulo sobre aborto del Informe de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP).
Los procedimientos pueden costar unos 7.000 dólares y una búsqueda simple por internet lleva a webs donde verdaderas mafias ofrecen el medicamento misopostrol por 100 dólares las dosis de cuatro pastillas.
Como es una práctica clandestina, las chilenas que interrumpen sus embarazos deben soportar graves situaciones de abusos. El mismo informe de la UDP relata el caso de una mujer cuyo aborto fue sin anestesia y, debido al dolor, se desmayó tres veces. El médico le dijo que si se desvanecía nuevamente, no le iba a realizar la intervención. Algunos piden el pago en efectivo y un segundo cobro: sexo oral.
En 28 años los gobiernos democráticos no tuvieron ni la fuerza ni contaron con las condiciones políticas para despenalizar al aborto. En mayo de 2014, a dos meses de iniciar su segunda Administración y como había prometido en la época de campaña y en su programa, Bachelet anunció su proyecto de ley en la primera cuenta pública ante el Congreso. En febrero de 2015, la socialista despachó la iniciativa legal al Parlamento. En marzo de 2016, en un primer trámite legislativo, la Cámara aprobó la despenalización en tres causales.
Fuente: El País
