Causa Cuadernos: en qué anda Electroingeniería

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Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, el financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, entregaba material y documentación donde se detallaban cómo se distribuía la obra pública entre unas 86 empresas de la construcción. En una primera lista aportada para las investigaciones del fiscal Carlos Stornelli y la actuación del juez Claudio Bonadío se cubría un manto de sospecha por licitaciones de obras otorgadas entre 2003 y 2010 por más de $33 mil millones.

Los documentos entregados mostraban que la participación de empresas cordobesas en la obra pública durante la gestión kirchnerista fue importante. Un grupo de cinco firmas locales concentraban trabajos por casi $ 4.000 millones, es decir el 12% de la ‘obra pública k’, de nuevo, hasta el 2010.

Pasaron cosas. Con el nuevo clima post-PASO se precipitaron varias novedades. A fines de septiembre se conoció que Bonadío dio por terminada la etapa de instrucción del cuerpo principal del expediente y envió a juicio oral la causa.

Tras eso, el miércoles pasado fue excarcelado el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra. Al conseguir su liberación ordenada por la Cámara Federal porteña, el empresario sacudió estamentos políticos y judiciales al afirmar en una entrevista radial que “el juicio por esta causa no va a empezar nunca”, que “los empresarios arrepentidos sostuvieron un relato falso” y que “entre los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos, fui el más extorsionado”.

¿Qué pasó con las empresas cordobesas? ¿Cómo impactó la causa en su actividad? ¿Sintieron el cimbronazo de tener detenidos e imputados a sus directivos? ¿Se les rescindieron contratos y licitaciones por su supuesta vinculación al entramado de coimas y sobreprecios? ¿Dejaron de operar? En el listado de empresas beneficiadas con la obra pública del kirchnerismo aportado por el financista Clarens aparecen cinco cordobesas con contratos importantes.

Ellas eran, al 30 de abril de 2010, Benito Roggio, con obras por $ 2.300 millones; Electroingeniería a través de su subsidiaria Vialco con trabajos por $ 1.362 millones, Boetto y Buttigliengo con $ 165 millones; Romero Cammisa con obras por $ 67 millones, y Afema, con trabajos en torno a los $ 52 millones.  A poco más de un año de estallar el escándalo todas siguen operando de forma normal.

Electroingeniería: sigue en las represas y retoma dos obras 
La compañía que fundaron Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra estuvo en el ojo de la tormenta por los contratos para la construcción de las represas hidroeléctricas en la Patagonia. Las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (que originalmente fueron bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) demandan inversiones estatales por la friolera de $ 24.750 millones.

El contrato fue otorgado a la UTE conformada por tres empresas, la cordobesa, la mendocina Hidrocuyo y la gigante china Gezhouba. Tras el escándalo desatado por la causa de los cuadernos el Gobierno nacional presionó para apartar a Electroingeniería, pero esa idea no prosperó. Aunque sí hubo movimientos intra-UTE. Hoy la china comanda el emprendimiento y estaría negociando para quedarse con otra porción del paquete que aún detenta Eling y que oscila el 36%.

“La UTE sigue teniendo la misma conformación, los chinos liderando la UTE y las dos empresas argentinas. Gezhouba lidera la construcción de las represas, la obra civil y la electromecánica, Electroingeniería aporta conocimiento, experiencia y personal”, explicó una fuente de la empresa.

Hoy trabajan para las represas 1.900 personas, unas 200 se sumaron en lo que va del 2019 y en el global las obras tienen un avance total del 25%. Al margen, desde octubre van a retomar los trabajos en las líneas de alta tensión en que la empresa venía trabajando y se suspendieron en abril de 2018 por cuestiones presupuestarias.

“Son la interconexión Mar del Plata- Bahía Blanca y la interconexión ChacoCorrientes que es una tercera línea de Yacyretá. Están en un avance del 65%”, explicaron. La empresa también tiene a su cargo las tareas de mantenimiento de la central de Pilar de la Epec, un contrato por US$372 millones que finaliza en febrero de 2020.

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