Pasan los días y se agrava la problemática para quienes buscan una vivienda porque se les venció el contrato del alquiler o deben mudarse por primera vez. La oferta de alquileres está en niveles históricos en un derrumbe sin precedentes en las principales ciudades del país y hay gran preocupación en las cámaras del sector inmobiliario, desde donde se reclaman medidas urgentes.
Por ahora no hubo mayores avances ni señales desde el Gobierno por la intención de reformular la Ley de Alquileres sancionada en julio de 2020 (en menos de dos meses vencen los primeros contratos que se pactaron en aquel momento y se estima que muchos propietarios no volverían a alquilar sus inmuebles por estar disconformes con los acuerdos de 3 años).
El drama de la vivienda se complicó como pocas veces y hoy es parte del frente de tormenta que viven los argentinos con distorsiones también asociadas a las dificultades económicas por alta inflación y el acelerado aumento del tipo de cambio que impactan en los bolsillos de quienes alquilan.
Para inquilinos y propietarios, la actual Ley de Alquileres provocó una serie de desbalances que afectaron, principalmente, a la oferta del sector.
Según estimaciones del economista Gastón Urtera, a través de Economic Trends para el Colegio Profesional de Inmobiliarios, un 35.9% de inmuebles habitacionales han sido retirados del mercado (desde mayo del 2021 a la actualidad, periodo de aplicación de la ordenanza).
Otro dato alarmante es que, durante mayo de 2023, los montos de los nuevos alquileres de departamentos superan en un 169.9% el valor del contrato vencido. Mientras que, los porcentajes de las propiedades comerciales avanzan por encima del 22%.
La legislación vigente marcó profundos cambios que incentivaron al retiro de inmuebles, tanto con fines comerciales como habitacionales, del mercado de alquileres. Las razones son diversas pero la cuestión principal se asocia al plazo anual de ajustes, donde la inflación impacta de lleno sobre el valor real de las propiedades; provocando una devaluación para el propietario.
«La ley de Alquileres desalentó a los dueños a ofrecer sus viviendas y la mayoría las pasaron a publicar en venta”, dijo Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPI).
Desde el sector aseguran que una posible solución en el corto plazo sería volver a contratos de dos años y ajustes semestrales o trimestrales, que “acompañaría más los efectos inflacionarios y eso generaría un equilibrio para propietarios e inquilinos. De esa manera un propietario no tendría que esperar un año para que se le ajuste el valor y no perder ante una inflación que ya trepó al 108,8% interanual”, agregó el presidente de la entidad.