Legisladores de la oposición viajarán la primera semana de octubre a Curitiba, Brasil, para entrevistarse con el juez Sergio Moro, que investiga la mega causa de corrupción en América Latina conocida como “Lava Jato”, en el que la empresa Norberto Odebrecht S.A. confesó haber pagado coimas para obtener la realización de la obra de los gasoductos en Córdoba en el año 2008.
Se trata de Aurelio García Elorrio, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Liliana Montero de Córdoba Podemos y Juan Pablo Quinteros del bloque del Frente Cívico que, además, ya iniciaron los contactos para intentar hablar con Alberto Youssef, el arrepentido que ventiló con lujo de detalles cómo y a quiénes él mismo pagó los retornos en Córdoba.
El pedido formal que llevarán los legisladores a la justicia brasileña es para que se investigue la conexión Córdoba dentro de todo el entramado de corrupción, coimas y obra pública de la gigante brasileña en todo el continente sudamericano.
El viaje de los legisladores opositores, destaca La Nueva Mañana, se precipitó luego del pedido de exhorto que el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco enviara el viernes, a través de Cancillería, a su par brasilero Sergio Moro, requiriendo información sobre el caso, tal como adelantó Perfil Córdoba hace casi un mes.
El proceso para que la Justicia argentina pueda obtener la información que Youseff ya le ha dado a su par brasileña a cambio de beneficios penales en referencia a los pagos de sobornos, debería comenzar con un convenio de cooperación entre los Ministerios Públicos de ambos países para que los involucrados puedan declarar en Argentina acrecentando sus beneficios judiciales.
Pero no hay indicios de que la Justicia argentina a lo largo de estos tres años, desde que se desató el escándalo, vaya a realizar un acuerdo de estas características, no sólo por Córdoba, sino por una gran cantidad de obra pública en todo el país.
Hay numerosas versiones extraoficiales que indican que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, está dilatando la cuestión porque debería ordenarle a la procuradora General, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que instrumente el convenio.