La justicia belga examinará el 17 de noviembre la euroorden cursada contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno presentes en Bélgica, donde la crisis catalana se cierne sobre el ejecutivo de coalición belga.
La audiencia ante la Cámara del Consejo, dependiente del tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas, se celebrará a las 14H00 (13H00 GMT), indicó a la AFP una fuente de esta jurisdicción, precisando que los cinco políticos catalanes deberían comparecer. La justicia española, que les acusa de «rebelión», «sedición» y «malversación» a raíz de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, emitió el viernes una orden de detención y entrega, al no personarse a una citación judicial en Madrid.
Los líderes independentistas consideran que en España no cuentan las garantías necesarias para un proceso justo, ya que, en palabras este lunes de Puigdemont en una tribuna en el diario británico Guardian, «los vínculos entre el poder judicial y el gobierno son visibles para todos». «En Bélgica nos dejan en libertad sin fianza, mientras que en España estaríamos en prisión», tuiteó la consejera de Agricultura destituida Meritxell Serret. Sus ex compañeros Toni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura) también permanecen en Bruselas.
A la espera de decisión sobre euroorden
Ante la orden de busca y captura, los cuatro ex consejeros junto a Puigdemont decidieron el domingo entregarse a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional mientras la justicia belga se pronuncia sobre la petición española de entrega.
La decisión sobre la ejecución de la euroorden podría retrasarse si los abogados de la defensa piden más tiempo para estudiar el caso, si bien podrían aprovechar también la vista para subrayar un eventual riesgo que los investigados correrían en España. Mientras tanto, Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía, explicó la fiscalía belga.
Sus compañeros de gobierno que comparecieron el jueves en Madrid corrieron una suerte diferente. Ocho fueron encarcelados y otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza. Su ingreso en prisión provisional el jueves generó protestas en esta región de 7,5 millones de habitantes, donde este lunes pequeños grupos de manifestantes independentistas cortaron brevemente carreteras y vías de ferrocarril.