El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, calificó de «ilegalidad» la toma de colegios contra la reforma educativa que propone el gobierno porteño y consideró «desacertado» el fallo de una jueza que impidió que los hechos se denuncien.
«Es una ilegalidad, algo que repudio. Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros», sostuvo.
Dijo además que el fallo de la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori fue «desacertado». La magistrada hizo lugar a un amparo en el que ordenó al Gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la Policía las ocupaciones.
«Para mi es un error. La jueza tiene varios pronunciamiento en este sentido que yo no comparto. (El fallo) Me parece desacertado porque no se trata de reprimir a los alumnos, sino de algo ilegal, irregular», señaló en declaraciones a radio La Red.
La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño ratificó la continuidad de la reforma educativa a pesar de las tomas de una treintena de escuelas secundarias de la Ciudad en oposición a la medida.
Rodríguez Larreta puso de relieve que «la gran mayoría está de acuerdo» con la iniciativa y remarcó que ya el jueves «dos o tres colegios levantaron las tomas».
El jueves, los alumnos de las escuelas tomadas resolvieron continuar con la medida y reclamar a las autoridades una prórroga para la aplicación de la «Secundaria del Futuro».
A través de los representantes de los Centros de Estudiantes, los alumnos reclamaron nuevamente, en conferencia de prensa, que el Ministerio de Educación les acepte postergar el arranque de la reforma educativa, prevista para el año próximo.
La educación bancaria y la educación liberadora-
Nuevamente el gobierno nacional produce discriminación educativa. No es posible alegar que la discriminación hacia un grupo que piensa el gobierno, es un beneficio para los nacionales. Imponer a un grupo por sobre otro cuando no hay un motivo suficiente que lo justifique, es equivalente a discriminar. De manera que “no puede el Estado garantizar a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender, y luego imponer o tolerar discriminaciones (distinciones arbitrarias, y por tanto prohibidas) entre ellos”. Lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia.
Justificar diciendo que el gobierno busca el nivel óptimo de los alumnos y que lo que hace es de bien absoluto, mejor para dar una orientación política, educativa, o cualquier otra circunstancia desde la esfera personal del gobierno, es abiertamente una discriminación flagrante, que vulnera los derechos constitucionales. Para tu claridad: el derecho de decidir, de participar, de ser escuchado, y más.