El Gobierno prepara dos frentes legales para combatir al terrorismo en la Argentina

La Unidad de Información Financiera redactó un proyecto de ley para castigar el financiamiento de grupos extremistas. En el nuevo Código Penal se prevén penas severas al terrorismo. El caso del Clan Barakat en la Triple Frontera alertó al Gobierno.

El reciente congelamiento de bienes y dinero del Clan Barakat, de estrechos vínculos con la organización Hezbollah y con operaciones paralelas en El Líbano y la Triple Frontera ratificó la decisión del Gobierno de avanzar en lo inmediato en dos frentes legales concretos contra el terrorismo: por un lado, ya se redactó en el nuevo proyecto de Código Penal un innovador esquema de penas contra los grupos vinculados al extremismo en la Argentina y, por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene redactado el anteproyecto de ley contra el lavado de activos vinculados al terrorismo para girarlo al Congreso en las próximas semanas.

Se trata de dos medidas concretas que el gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a concretar en lo inmediato en su lucha contra el terrorismo internacional teniendo en cuenta los informes de inteligencia exterior y de la AFI que alertaron sobre una importante presencia de grupos extremistas como Hezbollah en la Triple Frontera y de bandas de narcotraficantes que aportan fondos de financiamiento al fundamentalismo islámico.

Según revelaron fuentes del Gobierno, la idea de Macri es avanzar en dos frentes legales para actualizar la normativa argentina en materia de lucha contra el terrorismo y dar señales de transparencia a los países que integran la OCDE, espacio donde la Argentina busca ingresar como miembro pleno.

La UIF a cargo de Mariano Federici empezó a redactar un proyecto de ley en coordinación con el Ministerio de Justicia, la AFI, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad donde extiende la actual penalización de los elementos que componen el fenómeno terrorista: el acto terrorista, la organización terrorista y el financiamiento del terrorismo.

Así, en el anteproyecto de ley que redactó la UIF se contemplarían penas severas a la financiación del terrorismo incorporando la figura de la “asociación ilícita terrorista”. Este sería el caso concreto del Clan Barakat en la Triple Frontera y con operaciones en Iguazú.

También en el proyecto de la UIF se establecerá que el plazo para el reporte de una Operación Sospechosa de financiación del terrorismo será de 48 horas, computados a partir de la fecha de la operación realizada o tentada.

Según se pudo saber, Federici habló de esta reforma con asesores legales de la AMIA, la DAIA, la embajada de Estados Unidos y expertos internacionales en lucha contra el terrorismo de la Unión Europea.

En paralelo a esta reforma que impulsa la UIF, el Gobierno avanzará en otro frente que es la reforma al Código Penal.

En el Capítulo XIV del proyecto del nuevo Código se estableció un apartado especial sobre “terrorismo y financiamiento”. Allí se establecen los siguientes puntos innovadores en esta materia:

Tipificación. El artículo 314 establece que “se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden público, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o en Convenciones Internacionales, cuando se lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Penas. La escala penal prevista para el delito de terrorismo se elevará en el doble del mínimo y del máximo. En los casos de penas no divisibles, el del delito cometido con esa finalidad tendrá la pena de prisión perpetua. A la vez, se impondrá prisión de 5 a 20 años y 60 a 240 días-multa, al que tomare parte en una asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 314. El mínimo de la pena de prisión se elevará a 10 años para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación.

También se impondrá prisión de 5 a 10 años y 60 a 120 días-multa, al que, “con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos previstos en este Título, recibiere adoctrinamiento o adiestramiento de combate, o en técnicas de desarrollo de armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química o biológica, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de esos delitos”.

También se impondrá la misma pena a quien para esos mismos fines o para colaborar con una asociación terrorista, se traslade fuera del territorio nacional para convertirse en combatiente terrorista.

Financiamiento. En este apartado, el proyecto de ley del nuevo Código Penal contempla una prisión de 5 a 15 años al que, “directa o indirectamente, por sí o por persona interpuesta, recolectare o proveyere dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para financiar o para cometer cualquiera de los delitos” de terrorismo. Hasta ahora no hay materia alguna legal en la Argentina que prevea ello.

Así, las penas establecidas en el Código Penal se impondrán independientemente de si ocurre o no el delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiera, aún si los bienes no fueran utilizados para su comisión.

El uso de armas. También se prevén penas de hasta 15 años para aquellos que “recolecten o provean dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos, con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química o biológica y sus sistemas vectores” para el terrorismo.

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